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La mitad de los españoles cree que ha mejorado el cumplimiento fiscal, según el IEF

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Madrid, 19 ago (EFECOM).- La mitad de los españoles considera que el cumplimiento fiscal ha mejorado en la última década, según recoge la encuesta "Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2007" elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

Sin embargo, el informe destaca que el 51 por ciento de encuestados cree que el fraude fiscal ha aumentado en los últimos diez años.

La práctica totalidad de los encuestados -el 99 por ciento- atribuye la mayor honestidad en sus obligaciones fiscales a los asalariados, mientras que un 45 por ciento opina que los empresarios tienen un comportamiento fraudulento.

Para el 38 por ciento de los encuestados, la falta de honradez y la conciencia cívica de los ciudadanos son las principales causas por las que el fraude fiscal persiste en España y añaden que las actividades "ocultas" al ministerio de Hacienda y a la Seguridad Social son las que más perjudican al conjunto de la sociedad.

El informe, que ha hecho público el Ministerio de Economía y Hacienda, subraya que la opinión pública encuentra dificultades para comprender la normativa fiscal y para cumplimentar las declaraciones tributarias.

No obstante, el 72 por ciento de los ciudadanos encuestados considera que los funcionarios de la Agencia Tributaria están capacitados para realizar sus funciones, el 70 por ciento considera que son imparciales y el 57 por ciento valora la empatía de estos profesionales.

En su mayoría, manifiestan que el Estado es el responsable de diversos servicios públicos y, especialmente, de las prestaciones sociales, aunque el 21 por ciento de los ciudadanos preferiría que las comunidades autónomas tuvieran más responsabilidades en ellos.

A su vez, el 24 por ciento de los ciudadanos entrevistados desearían una mayor descentralización a la hora de la recaudación.

El informe revela además que el 72,6 por ciento de los ciudadanos sienten una "moderada" satisfacción hacia los servicios sanitarios, las infraestructuras y los transportes públicos, al considerarlos "útiles y necesarios", por lo que afirman que el pago de impuestos para estos servicios es "justificado".