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Moncloa confía en que la poda del Estatut sea menor

El Gobierno maneja información "menos alarmante" que la publicada sobre las deliberaciones del TC. Espera que los magistrados «controlen los tiempos» y se rebaje la controversia pública

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Preocupación, sí; inquietud, no. Con este ánimo asiste el Gobierno a la última tormenta política desatada en torno a la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya.

No se trata sólo de que los miembros del Ejecutivo se atuvieran ayer a la consigna de 'tranquilidad' impartida por José Luis Rodríguez Zapatero y, como él, aseguraran que no es un asunto que, en estos momentos, les 'quite el sueño'. Es que, según diversas fuentes gubernamentales consultadas por Público, la información que se maneja en Moncloa sobre el discurrir de las deliberaciones es 'menos alarmante' para los defensores del Estatut que las publicadas en algunos medios de comunicación durante los últimos días. El recorte final del Estatut no sería, según los datos que manejan esos interlocutores, tan severo como se ha filtrado, sino 'menor' y esto es lo que justifica la apelación de Zapatero a la 'calma'.

Chacón reclama al Partido Popular que retire su 'recurso político'

El Gobierno confía en que, tras las últimas filtraciones que han dado pie a que ayer se publicara un editorial conjunto de los periódicos catalanes, ahora 'remansen las aguas'. Pero son crecientes las voces dentro del PSOE que subrayan la necesidad de que el Tribunal 'sepa controlar los tiempos', dada la creciente cercanía de las elecciones en Catalunya, donde la legislatura concluye en noviembre de 2010.

La consellera de Justicia, la dirigente socialista Monserrat Tura, manifestó a TV3 que es 'una evidencia' que las relaciones entre el PSC y el PSOE son 'tensas' y volvió a resucitar la posibilidad de que los diputados socialistas catalanes formen grupo parlamentario propio en el Congreso.

Caamaño insiste en la plena 'legitimidad' del Tribunal

Sin embargo, la actitud de la dirección del PSOE hacia el PSC y el president de la Generalitat, José Montilla, es conciliadora y comprensiva. 'No tienen margen de maniobra. El Estatut fue aprobado en referéndum y están obligados a defender lo que aprobaron los ciudadanos catalanes', argumentó un alto dirigente del PSOE.

Fuentes próximas a Zapatero señalan que el presidente del Gobierno y el president de la Generalitat 'hablan con frecuencia', pero aseguraron que no han tenido en las últimas horas una conversación específica sobre la montaña rusa de las deliberaciones del Constitucional.

Zapatero declaró ayer en los pasillos del Congreso que ha leído 'con mucho interés' el editorial publicado por los periódicos catalanes, pero sus comentarios se limitaron a una declaración de principios: 'Respeto la libertad de expresión'.

Zapatero expresa su 'respeto' hacia el editorial de la prensa catalana

La voz discordante en las filas socialistas la puso Alfonso Guerra, que consideró el editorial otra 'presión' contraproducente, al igual que el diputado Rafael Simancas, quien señaló que 'la convivencia exige menos amenazas'. El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, que juzgó un 'error' haber suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad, sostuvo que el TC no debe 'medir las consecuencias' de su sentencias porque 'no hace política'.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, fue el encargado de salir en defensa de la 'plena legitimidad' del TC para resolver sobre los recursos interpuestos contra el Estatut, a pesar de las bajas y de las renovaciones pendientes.

Guerra dice que el TC 'no debe medir las consecuencias' políticas de su fallo

Pero en el PSOE crecen los partidarios de poner el acento en la denuncia de 'la hipocresía' del PP y su forma de 'minar las instituciones', porque no sólo boicoteó la renovación sino que es 'el que ha puesto la carga política contra el Estatut con su recurso, aunque ahora quieren ponerse de canto porque están en una operación de acercamiento a CiU'.

La denuncia la hizo de manera explícita la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien pidió al PP que retire el recurso con el argumento de que era 'político' y 'contra Catalunya'. 'Si fuera jurídico, se lo habría puesto también a los estatutos andaluz, aragonés o valenciano', señaló Chacón, miembro de las ejecutivas del PSC y del PSOE.