Resulta injusto decir que Álvaro Uribe inventó el paramilitarismo en Colombia. Más exacto, y no menos grave, es afirmar que bajo su mandato los paramilitares alcanzaron un enorme reconocimiento social al socaire de una campaña obsesiva de demonización de la izquierda; consolidaron su proyecto con la irrupción en la política y la apropiación de las mejores tierras cultivables, y recibieron la opción de reinsertarse, sin apenas castigo, mediante la Ley de Justicia y Paz.

Del mismo modo que el narcotráfico sigue boyante pese a la extinción de los cárteles de Medellín y Cali, el paramilitarismo continúa activo pese a la entrega a la Justicia de sus principales cabecillas. A algunos, por cierto, el Gobierno los extraditó por sorpresa a EEUU, que los reclamaba por narcotráfico, lo que impidió que confesaran sus actividades asesinas a los jueces colombianos.

Según la propaganda oficial, Colombia es hoy un paraíso donde los ciudadanos 'pueden ir a sus finquitas los domingos a comerse su ajiaquito'. Es cierto que la guerrilla se halla replegada y que algunas zonas están más 'tranquilas', pero ello se ha conseguido mediante una política inaceptable de terror y de eliminación de todo sospechoso de 'comunismo' (incluyendo a sindicalistas, indígenas y defensores de los derechos humanos) ejecutada por los paramilitares con la connivencia de sectores del Ejército y de la política.

Más de medio centenar de congresistas del uribismo están investigados o presos por sus conexiones paramilitares. La Corte Suprema recibe virulentos ataques desde Presidencia cada vez que investiga la parapolítica. Salomón Kalmanovitz, ex director del Banco de la República, alerta sobre un escenario extraño a un país de vieja tradición democrática como Colombia: que un nuevo mandato de Uribe acabe 'liquidando' la democracia.