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Morales no ampliará el estado de sitio si cesan los ataques a las entidades y los gasoductos

EFE

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que no planea ampliar el estado de sitio a otras regiones del país, si los opositores autonomistas cesan sus ataques contra las instituciones estatales y las infraestructuras energéticas.

"Si los prefectos (gobernadores) devuelven las instituciones del Estado, si dejan de atentar contra el patrimonio del pueblo que son los gasoductos y las refinerías, no hay por qué pensar en la ampliación del estado de sitio", afirmó Morales en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros.

El Gobierno de Morales decretó ayer el estado de sitio en Pando por la situación de "violencia desbordada" y la "masacre", según las expresiones del Ejecutivo, ocurridas en las cercanías de la capital de ese departamento, Cobija, donde al menos 16 personas han muerto.

"Este estado de sitio es para defender la vida, para defender a la gente que ha sido masacrada. Es un delito de lesa humanidad", dijo el gobernante.

Explicó que abogados expertos en derechos humanos le advirtieron que si no declaraba el estado de sitio en la zona podría verse "procesado con juicio de responsabilidades".

Morales responsabilizó directamente al prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, de las muertes en esa región.

"Lo que pasó en Cobija con metralletas, sicarios y narcotraficantes brasileños y peruanos operando bajo el mando del prefecto de Pando es muy grave", aseveró Morales, quien añadió que el Gobierno "nunca" ha instruido a militares o policías para usar armas de guerra en estas protestas.

Bolivia se encuentra sumida en una ola de protestas que desde el martes pasado derivó en una espiral de violencia, cuyo momento más grave se vivió hace dos días en la región amazónica de Pando (norte).

El origen de estas protestas es la demanda de las regiones opositoras para que se les devuelva una renta petrolera que el Gobierno les recortó en enero para pagar una ayuda directa a los ancianos.

Las medidas de presión más duras contra el Gobierno de Morales han sido la toma, en muchos casos violenta, de entidades del Estado en varios departamentos, principalmente en la ciudad oriental de Santa Cruz.

También se han producido ataques contra las conducciones gasísticas del sureste boliviano, afectando incluso a los envíos de gas hacia Argentina y Brasil.

Los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca reclaman un régimen de autonomía para sus territorios, que el Gobierno considera "ilegal" y "separatista".

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