Emilio Alonso Manglano, máximo responsable del espionaje español en su etapa más polémica, ha muerto este lunes en Madrid a los 87 años de edad, según han informado fuentes militares. Dirigió el CESID (precedente del actual CNI) entre 1981 y 1995, en la etapa de los GAL y el caso de escuchas ilegales realizadas por el Centro a varias personalidades, desde el rey a empresarios.

Alonso Manglano era teniente general del Ejército --el máximo empleo militar--. Nacido el 13 de abril de 1926 en Valencia, ingresó en la Academia General Militar el 24 de julio de 1944, siendo ascendido en los años posteriores hasta llegar a teniente coronel en 1976.

Fue nombrado máximo responsable de los servicios secretos españoles en mayo de 1981, meses después del intento de golpe fallido del 23-F, permaneciendo en el cargo hasta 1995, un año antes de que Felipe González perdiera las elecciones. Su gestión de los últimos años se vio empañada por los casos GAL, Roldán o los fondos reservados.

Por las escuchas ilegales del CESID, un caso que costó además el puesto al vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y el ministro de Defensa Julián García Vargas, Alonso Manglano fue condenado por el Tribunal Supremo, pero el Constitucional anuló la condena.

Su mayor quebradero de cabeza en el centro de inteligencia fue Juan Alberto Perote, que dirigía la Agrupación Operativa de Misiones Especiales hasta su destitución en 1991. Perote robó del centro los papeles más famosos de la reciente historia de España junto a los de Bárcenas, más de 1.200 microfichas que se llamaron 'los papeles de CESID', y que contenían revelaciones sobre la guerra sucia contra ETA que fueron usadas en la condena del exministro José Barrionuevo y el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera por la actividad de los GAL.

Alonso Manglano declaró como testigo en el Tribunal Supremo por el caso del secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés que fue detenido ilegalmente por los GAL, y que supuso la condena a Barrionuevo, Vera, y otros políticos y policías.

También fue juzgado por escuchas ilegales a la sede de Herri Batasuna en Vitoria. Inicialmente, la Audiencia de Alava le condenó a tres años de cárcel por delito de interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas, pero el Supremo revocó la condena y le absolvió.