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Navarra imita a Andalucía y aprueba una ley para expropiar pisos e impedir desahucios

La ley incluye posibilitar el embargo temporal por tres años de las viviendas en proceso de desahucio, y que las familias puedan permanecer en la vivienda durante esos tres años pagando un alquiler que no supere el 25% de sus ingresos.

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El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado, con el voto en contra de UPN y PPN, la proposición de ley de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, presentada por PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai. La ley es muy simalar al decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía para asegurar la función social de la vivienda . La ley navarra incluye posibilitar el embargo temporal por tres años de las viviendas de las entidades bancarias en proceso de desahucio, y que las familias puedan permanecer en la vivienda durante esos tres años pagando un alquiler que no supere el 25% de sus ingresos. Podrán ser beneficiarios de esta expropiación forzosa de 'interés social' las unidades familiares cuyos ingresos conjuntos no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Por otra parte, la ley posibilita la dación en pago de viviendas protegidas, en casos de imposibilidad o dificultad para hacer frente a las hipotecas, eliminándose así los problemas derivados de la aplicación de los límites existentes para su adquisición.

La ley recoge, también, la creación de un censo de vivienda vacía en Navarra, así como gravar la vivienda vacía con un impuesto que doble la actual cuantía de la contribución urbana a aquellas viviendas vacías que no se pongan en el mercado del alquiler. Define una serie de causas de expropiación y deja en manos de los inspectores las tareas de 'investigación, comprobación e incoación de expedientes sancionadores'.

El socialista Gregorio Galilea ha señalado que 'con esta ley queremos poner nuestro granito de arena para intentar dar solución a este problema'. 'Esta ley pretende ayudar a quienes tanto están sufriendo', ha dicho, para advertir que 'hay que seguir en alerta y ver si cubre las necesidades'.

Desde Bildu, Víctor Rubio ha abogado por 'defender' a las familias, a las personas y el 'bien común'. 'Hay que empezar a cambiar la política de vivienda', ha dicho, para señalar que en Navarra 'se producen dos desahucios diarios' cuando 'existen 35.000 viviendas vacías'. 'Son familias que no pueden pagar, se les arroja a la calle, en muchos casos de manera irreversible', ha censurado.

Por su parte, Xabier Lasa, de Aralar-NaBai, ha destacado que la 'presión popular' ha hecho que 'los parlamentos traten de dar remedio a un problema real'. Y ha criticado que no ve en 'los gobiernos una actitud eficaz para resolver el problema'. 'Estas medidas de parcheo han servido para tirar a la basura una ILP que se ha trabajado en todo el Estado'.

El parlamentario de I-E Txema Mauleón ha criticado 'falta de respuestas desde lo público a la crisis económica' y ha rechazado que 'están siendo desahuciadas' muchas familias, 'que se ven abocadas a deudas durante años que dificulta que sigan adelante'. 'Hay que decirles a los bancos que basta ya de más desahucios', ha dicho, para pedir que 'no se pongan todas las energías para rescatar a las personas'.

Patxi Leuza, de Geroa Bai, ha defendido que todos los españoles tienen derecho a tener una vivienda digna y ha señalado que, en la situación actual, 'los poderes están rescatando a los bancos y dejando de lado a las personas'. 'Hay auténticas tragedias ocultas', ha afirmado, para exponer que 'la sociedad no se puede permitir que las viviendas permanezcan vacías con personas sin tener un techo para vivir'.

Entre las posturas contrarias, UPN considera que la ley aprobada 'es demagógica e ineficaz' y 'no soluciona un problema de fondo', ha dicho la diputada regionalista Mariví Castillo, quien ha señalado que la solución es modificar la normativa estatal de legislación hipotecaria y aprobar la dación en pago. El portavoz del PPN, Eloy Villanueva, ha calificado la ley de 'puramente coercitiva' y 'política', que no resuelve los problemas de los ciudadanos y que llega únicamente 'con ánimo electoralista'.