Publicado: 08.06.2014 08:27 |Actualizado: 08.06.2014 08:27

El negocio de los incapacitados

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Francisco Arevalillo pidió incapacitar a su madre, enferma de alzheimer, por conflictos con su hermana que empezaron hace ocho años. Quien tutela ahora el patrimonio y se hace cargo de ella es la Fundación Afal Futuro que, según Arevalillo, no cuida de su madre y, además, acaba de vender su casa. Es sólo uno de los muchos abusos que han denunciado familiares de enfermos y ex empleados de esta fundación sin ánimo de lucro, designada por el juez para tutelar a incapacitados, e investigada ahora por la Fiscalía Anticorrupción.

Los querellantes acusan a los responsables de Afal —Blanca Clavijo, presidenta, y Jaime Conde, director— de desviar parte del patrimonio de sus clientes más adinerados a empresas vinculadas con la fundación e incluso dirigidas por ellos mismos. Por ejemplo, T4 Technology for Living, una compañía que se dedica a la "consultoría de software" y que entre el 1 de diciembre de 2010 y el 10 de enero de 2011 facturó a una tutelada enferma de alzheimer, María Consolación Larrondo, 11.691,56 euros en concepto de "consultoría inmobiliaria". El mismo 10 de enero de 2011, T4 Technology for Living facturó también al hermano de esta anciana, Alfonso Larrondo, 31.225 euros. Lo demuestran las facturas que tiene en disposición el colectivo que ha denunciado los hechos —a las que ha tenido acceso Público— y que ahora estudia la Fiscalía. T4 Technology for Living está presidida por Blanca Clavijo y su consejero delegado es Jaime Conde.

La fundación, según consta en su código ético, presta una "atención multidisciplinar a las personas tuteladas de forma integral e integrada, desde sus necesidades personales y asistenciales (en el ámbito domiciliar, clínico y residencial) hasta sus necesidades de tipo económico, social o patrimonial, mediante la implementación de las intervenciones técnicas de los profesionales del equipo de trabajo". Unas "intervenciones" que, en muchos casos, han resultado ser "desvíos de dinero", denuncian los afectados, disfrazados de servicios contratados para los ancianos (cursos de formación, asesorías inmobiliarias, consultorías financieras o seguros de hogar). Esos ingresos, sumados a la venta de inmuebles de algunos tutelados, han hecho posible que la Fundación Afal haya pasado de tener un patrimonio inicial de 30.000 euros en 2006 a alcanzar los 14 millones de euros en la actualidad, según los querellantes.

Al margen de estas prácticas presuntamente fraudulentas, los familiares de los afectados denuncian que la fundación les trata como si fueran "malas personas" y no les informan de nada a pesar de su insistencia. Arevalillo cuenta que tardó tres meses en que la fundación le concediera una entrevista de diez minutos. En ese encuentro, pidió que instalaran una ducha adaptada en la habitación de su madre, pero tuvo que esperar dos años. "Hasta entonces la bañaron en el suelo, encima de un plástico", se indigna. "Fui un día a verla a casa y la cuidadora contratada por la fundación me dijo que no podía decirme dónde estaba. La llevaron en un coche particular para cambiarla de residencia y después de aquello tuvo que estar diez días ingresada porque le subió la tensión y la glucosa", cuenta Arevalillo. "La fundación sólo fue cuatro días a visitarla, así es cómo les atienden", protesta. 

Otro afectado, Francisco Fernández, explica que su padre, de 77 años y tutelado por la Fundación Afal, le ha pedido más de una vez que le saque de la residencia en la que vive. "Le he llegado a ver con los brazos morados, atado a una silla y con ropa vieja y sucia", relata. El padre de Fernández fue profesor de instituto y recibe entre 2.000 y 4.000 euros mensuales. Lo primero que hizo la fundación cuando empezó a tutelar sus bienes por orden del juez, cuenta Fernández, fue "sacarlo" de la residencia pública de la Comunidad de Madrid en la que estaba —recomendada por el hospital que lo atendió antes de ser incapacitado— por considerar que era "inhumana", recuerda. "Lo metieron en la residencia de lujo Eulen Santo Domingo, que está por encima de sus posibilidades, y ahora dicen que no tiene liquidez. Incluso le han retirado la transferencia de 100 euros que cada mes le hacía a cada uno de sus nietos", explica este afectado que insiste en que la fundación no sólo "se aprovecha" de las grandes fortunas sino también de las familias que no tienen un capital exagerado, como es su caso. "Los ingresos de mi padre nos ayudaban a pagar la guardería y los tratamientos en atención temprana a la infancia porque mi hijo mayor tiene una minusvalía del 40%", cuenta.

Además de profesor de instituto, el padre de Fernández —Francisco Fernández Reolid— también fue pintor y hasta puso en pie una fundación que su hijo preside actualmente. Algunos de sus cuadros están expuestos en Londres y Nueva York, aunque el más cercano es el retrato del senador socialista y presidente del Ateneo de Madrid, José Prat, que se encuentra colgado en el local de la institución. Parte de su obra, de la que el hijo es heredero único, está guardada en un estudio. "Pero la fundación ha cambiado la cerradura, así que hace meses que no sé ni si los cuadros están ahí", denuncia Fernández, que coincide completamente con Arevalillo: "No sé qué hacen con el dinero de mi padre y encima a mí me tratan como a un malvado, con prepotencia y desprecio". 

Público se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el departamento de comunicación de la fundación; sus responsables tomaron nota de la petición pero nunca la respondieron.

La Fundación Afal siempre ha sido elegida por un juez para tutelar los bienes de los ancianos. La Fiscalía propone un tutor y el juez toma la última decisión. Por eso algunos afectados han denunciado la "relación" entre la fiscal de Incapacidades de la Comunidad de Madrid, Nuria López Mora, y la presidenta de la fundación Afal. Pablo Pérez, ex trabajador de la fundación, afirma que suele darle todas las tutelas de grandes capitales a Afal. De hecho, la fiscal ha figurado en la página web de la fundación como profesora de uno de sus cursos, Aspectos jurídicos para profesionales sanitarios, según publicó el Extraconfidencial.com.

El colectivo de Abogados contra la Corrupción ha solicitado la destitución de López Mora, pero la Fiscalía de Madrid ha manifestado que "la fiscal no tiene relación alguna de amistad con la presidenta de la fundación Afal" y ha aseverado que "únicamente" la conoce por motivos de trabajo, informa Europa Press. También ha especificado que desde enero de 2013 López Mora ha propuesto en una única ocasión al juzgado que se nombrase a Afal como tutor de un discapacitado, pese a haber presentado más de 500 demandas de discapacidad en ese periodo.