El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales recordó hoy que no interviene "en ningún caso" en la clasificación de los demandantes de empleo en España, un proceso cuya competencia "exclusiva" depende de las Comunidades Autónomas.

Trabajo reaccionó así después de que varios medios de comunicación informasen hoy de que había modificado, el 1 de febrero, el método de cálculo del paro mediante la inclusión de la nueva subcategoría "Demandantes de servicios previos al empleo", por la que las comunidades autónomas podrían sacar de las listas del paro registrado a unos 42.000 desempleados, según cálculos del PP.

El Ministerio explica en un comunicado que en junio de 2007 las comunidades y el Servicio Publico de Empleo Estatal establecieron el citado subgrupo, que entró vigor el pasado 1 de julio, y que engloba, precisa, a "personas que se inscriben en los Servicios Públicos de Empleo (SPEE) para obtener otros servicios sociales y no para buscar empleo.

Así, insiste en que no se ha producido "ningún cambio" en los "criterios y definiciones" establecidos en la ley por la que se rige el paro registrado en España, y que son "exactamente los mismos" vigentes "desde hace muchísimos años".

Fuentes de Trabajo indicaron a Efe que el sistema de medición actual del paro registrado, conocido como "Sistema Común de Información de los Servicios Públicos de Empleo" (SISPE) se controla mediante un "equipo técnico" que forman el SPEE y los 16 servicios de empleo de las comunidades.

El Ministerio indica en su comunicado que el SPEE no adopta "ninguna decisión" en el SISPE, sino que es el conjunto de ese grupo el que analiza cómo funciona el sistema y que, con "total autonomía", se encarga de que exista un sistema de información con criterios "comunes", para tener una "unidad de gestión" en las políticas de empleo e igualdad de trato a los desempleados.

Desde la entrada en vigor del SISPE, afirma, el grupo técnico ha analizado cómo mejorar el sistema de clasificación de los demandantes de empleo para identificar "lo más exactamente posible" sus necesidades y aplicarles así las medidas que más les ayuden a conseguir un empleo.

Por ello, recuerda que en febrero de 2006 "distintas" comunidades plantearon, en ese grupo técnico, la necesidad de mejorar la clasificación de determinados demandantes para ajustarse "mejor" a sus necesidades.

Así, asegura que en junio de 2007, "y por unanimidad de todas las comunidades", se estableció la citada subcategoría, cuyo volumen de demandantes supone el 0,85 por ciento (unos 19.203) en relación con el paro registrado y que ha ido bajando desde el pasado mes de noviembre.

Los demandantes que integran ese grupo, asegura, "no tienen nada que ver con parados de la construcción ni con otros que hayan perdido su empleo (sean o no inmigrantes) en ningún sector de actividad".

Los inscritos en este subgrupo son, según Trabajo, personas que se registran en los servicios públicos de empleo no para buscar un puesto de trabajo, sino para conseguir otros servicios sociales -como la formación-.

El Ministerio insiste en que la labor de atender y clasificar a los desempleados es competencia "exclusiva" de los servicios de empleo de las comunidades, que lo hacen en función de las "características objetivas" de aquellos.