La semana pasada se celebró una nueva cumbre del Eurogrupo para tratar de ofrecer, ahora sí, respuestas definitivas a la crisis de la región. Los acuerdos alcanzados fueron tres: la aprobación de un segundo rescate para Grecia, condicionada a una 'supervisión permanente' por parte de la UE de sus finanzas, junto a una quita sobre los bonos griegos del 50% de su valor; la ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad hasta un billón de euros, esperando que parte de ellos los aporten el FMI y los fondos soberanos de países emergentes (especialmente, China); y la recapitalización de los grandes bancos. Sin embargo, estos acuerdos no pueden ser calificados como la solución esperada, sino que abren un escenario muy negativo.

En primer lugar, porque son parches paliativos y parciales urgidos por la angustia y la necesidad de dar la imagen de un gobierno económico de la eurozona que ni existe ni se le espera. La oferta a participar en el fondo de rescate tanto al FMI como a China, en lugar de financiarlo por el BCE, supone una cesión de poder hacia terceros países con intereses. Sería ingenuo pensar que esa ayuda, de concretarse, será a título gratuito y solidario.

En segundo lugar, porque el diagnóstico de la crisis sigue centrado en la deuda soberana y la insolvencia bancaria y se focalizan los esfuerzos en salvar a los bancos con desprecio de sus consecuencias sobre los ciudadanos. Con ello se obvia un diagnóstico alternativo basado en los defectos que tiene la eurozona desde su nacimiento, cuando los estados se desprendieron de dos instrumentos de intervención pública sobre los desequilibrios, las políticas monetaria y cambiaria, y los sustituyeron por un instrumento de ajuste 'invisible': la flexibilización del mercado de trabajo.

Y todo ello sin que en el horizonte apareciera la creación de un mecanismo de intervención supranacional capaz de corregir los desequilibrios generados por la dinámica de mercado en una región integrada por economías muy diferentes, esto es, una Hacienda Europea. A esta, tampoco se la espera.

En tercer lugar, porque agravarán las condiciones de ajuste sobre las clases populares, erosionando cualquier perspectiva de recuperación de la demanda y, con ella, del crecimiento. Baste tener en cuenta que los fondos para la recapitalización se estiman en 106.000 millones, por lo que, en el contexto de desconfianza actual, no sólo es previsible que los bancos cierren el grifo del crédito sino que puedan llegar a necesitar de ayudas públicas, dando una nueva vuelta de tuerca.

Finalmente, porque es una triste ironía que el país en el que nació la democracia sea el primero en ver la suya amenazada y a la troika actuando como ejecutor de la dictadura de los mercados.

Afortunadamente, en un arranque de dignidad, el Gobierno griego ha convocado un referéndum para que sea el pueblo quien decida si está dispuesto a aceptar la quita sobre la deuda y el plan de ajuste posterior. La histeria y hundimiento de los mercados manifiesta una cosa ya evidente para algunos: cuando la democracia entra por la puerta, los mercados saltan por la ventana.