El método es siempre el mismo. Una promotora compra un edificio antiguo en una zona céntrica de una gran ciudad pero con bicho dentro; es decir, con inquilinos que viven en régimen de alquiler con renta antigua. Entonces, la promotora hace lo imposible por echar a los habitantes, normalmente gente mayor: les corta el agua, no les cobra los recibos, deja que el edificio se caiga a trozos. Todo vale para poder derruir el inmueble y construir en el solar apartamentos nuevos.

Es el acoso inmobiliario, lo que se conoce popularmente como asustaviejas. Algunos sucumben y hacen las maletas, pero otros no. En Talavera de la Reina (Toledo) lo están sufriendo Isidoro González, de 44 años y con una minusvalía psíquica del 33%, su madre, Jesusa Sanahuja, de 67, Pedro, de 80 años, Aurora Jiménez, de 76, y Carmen Iglesias, de 46. Todos ellos son los últimos residentes de tres edificios colindantes que pertenecen a la misma inmobiliaria.

«Somos mayores, pero no tontas», advierte una vecina de una corrala

La promotora quiere tirar los edificios, que tienen en común una bonita torre albarrana típica de la arquitectura de Talavera, y construir pisos. Un gran cartel lo anuncia desde 2006, pero un pequeño grupo de vecinos resiste dentro. En 2002 nos cortaron el agua y desde entonces tenemos que ir con unas garrafas a la fuente, cuenta Isidoro, Isi, como le conocen sus vecinos.

En el caso de Aurora y Carmen, que pagan 12 euros al mes de alquiler, la negligencia de la promotora ha llegado a tal punto que el techo de su casa se ha venido abajo y el Consistorio, por la vía sustitutoria, va a acometer la reforma. Mientras, las dos mujeres y sus familias han sido realojadas. De aquí no nos vamos a mover, asegura Isi, que estos días vive solo porque su madre, enferma, ha tenido que irse con unos familiares.

Las abuelas de Ventorrillo

El techo de una casa se ha caído por la dejadez de la inmobiliaria

La misma batalla frente al acoso inmobiliario la plantean ocho mujeres en la corrala de principios del siglo pasado que hay en el número 7 de la calle del Ventorrillo, en Madrid. Las llamadas abuelas de Ventorrillo cuentan con el apoyo del movimiento vecinal de Lavapiés y no piensan moverse de sus casas.

Una promotora, que compró el inmueble hace un año, quiere echarlas y, para ello, la empresa persigue que el Ayuntamiento declare el edificio en ruina inminente. Somos mayores, pero no tontas, advierte Luisa Martín, de 83 años y que vive en la corrala desde que tenía 7.

Las mujeres están asesoradas por la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid y no han aceptado las pobres ofertas monetarias que les ha hecho la promotora para que abandonen el edificio. Ellas no se achantan: Somos gatas y vamos a defender con uñas nuestras casas.

Hasta Naciones Unidas se ha hecho eco del problema del acoso inmobiliario en España y este año, realizó una inspección en varios municipios españoles. El informe concluía que muy pocos casos han sido perseguidos jurídicamente debido a la vulnerabilidad de las víctimas.

Hay excepciones. Un juez de Barcelona ha condenado recientemente a una inmobiliaria denunciada por un grupo de ocho vecinos por acoso inmobiliario a rehabilitar a fondo el edificio donde viven, en la calle Enric Granados de Barcelona. Además, la capital catalana es la primera ciudad en contar con un fiscal especializado en luchar contra los asustaviejas.