La Convención Internacional de protección contra las desapariciones forzadas, en vigor desde el pasado 23 de diciembre, es un instrumento más que obliga a los Estados que la han ratificado a cumplir sus responsabilidades en materia de justicia universal. Los preceptos establecidos en esta Convención son de obligado cumplimiento y están por encima del ordenamiento jurídico de los Estados parte que la han suscrito y, por ello, esta norma debería acuciar a las autoridades judiciales españolas a esclarecer los casos de desapariciones forzadas durante el franquismo.

En esa línea se ha expresado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha celebrado la entrada en vigor de este tratado por constituir 'un nuevo marco legislativo desde el que el Estado español está obligado a tomar medidas sobre las desapariciones forzadas, planificadas y ejecutadas por los autores del golpe militar de 1936'. 

La Convención Internacional fue suscrita por el Gobierno español en septiembre de 2009 y su entrada en vigor se produce después de que los últimos países la hayan ratificado.  

Los delitos de desaparición 'continúan' y por ello 'superan la Ley de Amnistía'

La ARMH subraya que el artículo 5 de la Convención califica los delitos de desapariciones forzadas como 'crímenes de lesa humanidad' resultados de una práctica 'generalizada y sistemática' y que en España el número de desaparecidos documentados asciende a 113.000, la mayoría de ellos, entre el 18 de julio y el 30 de octubre de 1936, 'lo que demuestra la existencia de una operación orquestada en la que alguien dio la orden de comenzar y alguien dio la orden de parar', indican.

Respecto a la imprescriptibilidad de los delitos, desde la entidad apuntan al artículo 8 de la Convención, que establece el momento a partir del cual se inicia el cómputo de tiempo para saber si los hechos han prescrito: 'A partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de ese delito'. La ARMH considera que los delitos de desaparición 'continúan cometiéndose', por lo que 'superan la Ley de Amnistía de 1977' y los plazos marcados por ella. 

La Convención Internacional también prevé las denuncias de estas desapariciones ante las autoridades competentes para que procedan 'sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial', según reza el artículo 12. En cambio, lamentan desde la asociación los antecedentes que se han dado en España, donde Baltasar Garzón, el único juez que ha intentado investigar los delitos de desapariciones forzadas durante la dictadura, 'ha pagado con ello su expulsión parcial del juzgado del que era titular en la Audiencia Nacional'. 

La ARMH recuerda que la Convención dicta el derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas y la responsabilidad de los Estados a que se haga efectivo. El texto de la norma internacional lo refleja de este modo: 'Cada víctima tiene el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada'. 'Cada Estado parte adoptará todas las medidas apropiadas y en caso de fallecimiento para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos'.

En cambio, la Ley 52/2007 conocida como de Memoria Histórica, contempla un 'deber de facilitar la búsqueda a las víctimas', es decir, traslada la tarea de recuperar los cuerpos de los desaparecidos a los propios familiares, algo que desde la ARMH les lleva a concluir que 'el Estado elude sus obligaciones y determina -a través de esa ley- que quienes han padecido el daño, son los que deben repararlo'.

Por último, la asociación espera 'que el los tres poderes del Estado se pongan en marcha para aplicar la Convención' y, de este modo, 'garantizar los derechos de las miles de familias de los 113.000 hombres y mujeres secuestrados y asesinados y cuyos cadáveres fueron ocultos como consecuencia de la estrategia golpista'.