Publicado: 28.03.2014 11:47 |Actualizado: 28.03.2014 11:47

"No querían abrir los telediarios con las Marchas, y por eso crearon la violencia"

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Una semana después de que cientos de miles de personas tomaran las calles de Madrid en las Marchas de la Dignidad, la imagen que los españoles asocian a estas reivindicaciones originariamente pacíficas son las de la violencia que interrumpió la protesta. "Lo que ha sucedido estos días es un montaje surgido de las cloacas del Estado, asegura Rafael González, de la coordinación estatal de las Marchas. "No querían abrir los telediarios con las Marchas, y por eso crearon la violencia", asegura.

"Tres petardos de tres personas sin identificar fueron la excusa para cargar contra los manifestantes pacíficos", defiende, sin señalar directamente a los policías de paisano como los lanzadores de esos petardos, pero asegurando que "la cosa huele mal".

"¿Vamos a meter a nuestras familias en la plaza para provocar altercados?", razona González Y es que los organizadores de la protesta, que aseguran condenar "toda la violencia", insisten en lo "absurdo" que sería haber comenzado los enfrentamientos, teniendo en cuenta que ciudadanos pacíficos, jóvenes y mayores, estaban a apenas unos metros del epicentro de las trifulcas. "¿Vamos a meter a nuestras familias en la plaza para provocar altercados?", razona González.

Por su parte,  Jesús Calpe, el abogado de Miguel M.S., que permanece en prisión preventiva, asegura que "se ha utilizado a los policías" para darles una imagen de víctimas frente a los "radicales violentos", ante la visita de un equipo de observadores internacionales de la OSCE. Un equipo que pretendía evaluar si España respeta el derecho de manifestación, con el que los organizadores de las Marchas de la Dignidad se reunieron este lunes, y al que remitirán próximamente un informe con fotografías y vídeos.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid, la comisión jurídica del 22-M ha recomendado a sus organizadores emprender acciones legales contra la Delegación del Gobierno y la Policía, aunque no han sabido precisar más sobre la naturaleza de estas acciones.

La comisión jurídica denuncia malos tratos y vejaciones a varios de los 21 detenidos -2 de ellos menores- tras los disturbios del pasado 22 de Marzo. "Gran parte de ellos sufrieron lesiones durante la detención", asegura el comunicado", que detalla como algunas de estas personas fueron "trasladadas esposadas en transporte público, a la vista de los pasajeros, lo que significa trato humillante y vejatorio al detenido", defienden.

"La práctica totalidad de los hombres detenidos han sido obligados a permanecer 7 horas de pie, con los brazos en alto", aseguran. "La práctica totalidad de los hombres detenidos denunciaron haber sido obligados a permanecer hasta 7 horas de pie con los brazos en alto, haber sufrido cambios de temperatura bruscos e intencionados, privación de comida y agua y de la posibilidad de acudir al baño durante las primeras 24 horas, lo que parece acreditar la existencia de un plan sistemático y premeditado de efectuar malos tratos a estos detenidos".

Denuncian también las identificaciones y registros masivos, la decisión de detener a un centenar de autobuses "sin motivo" y la "obstaculización a la asistencia de letrados libremente designados".

"La actuación policial fue dirigida de forma indiscriminada y brutal contra el conjunto de manifestantes, dejando un saldo de lesionados que no coincide con la versión de los hechos difundida por los responsables policiales", continúa el escrito, asegurando que el número final de manifestantes heridos fue de 108 y no de poco más de una treintena, tal y como han reproducido los medios de comunicación.

Los organizadores han denunciado también la "difusión masiva" de imágenes de "supuestas armas incautadas a los manifestantes", como la llamada "muleta espada", que correspondían a "incautaciones efectuadas en anteriores intervenciones en absoluto relacionadas con las Marchas de la Dignidad". Esto, según la comisión jurídica, "parece poner de manifiesto la existencia de un plan preconcebido para criminalizar a las personas  que por cientos de miles se manifestaron el pasado día 22-M".

Parte de este plan formarían, en opinión de los activistas, las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, o del presidente de la Comunidad, Ignacio González, que comparó las ideas contenidas en el manifiesto de las Marchas con las de la ultraderecha.

Declaraciones a las que se han sumado varios políticos del Partido Popular -con el conveniente silencio de los socialistas- que han servido de marco para insistir en la supuesta necesidad de prohibir el derecho a la manifestación en determinados lugares. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han expresado su apoyo a la medida, poco después de que el Consejo General del Poder Judicial tachase de inconstitucional la ley mordaza que prepara el ministro, que impondrá severas multas a quienes se manifiesten en determinados lugares o tomen imágenes de los agentes de Policía.

El pulso contra las instituciones continúa: Cifuentes ha abierto expedientes a los organizadores del 22-M , mientras que la Fiscalía ha anunciado que recurrirá la liberación de tres de los detenidos puestos en libertad. También ha pedido las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona en la que se produjeron los disturbios, y solicitará otros tantos vídeos a los medios de comunicación que estuvieron presentes el 22-M.

El abogado de Miguel: "Se ha utilizado a los policías"

El 22-M exige "la inmediata liberación" de Miguel M.S., el manifestante de veinte años que sigue en prisión preventiva acusado de un delito de lesiones, que a priori fue acusado de homicido.  Su defensa ha presentado un recurso contra su permanencia en prisión, y sus familiares observan "con total estupor" el tratamiento que se está dando a un joven "sin antecedentes y sin afiliación a grupo alguno",  a tiempo que reivindican su inocencia.

"Los medios ya han emitido un veredicto sobre Miguel, cuando el asunto sigue en los juzgados", asegura Alba González, de la Asamblea de Apoyo a Miguel de Carabanchel. Su referencia a los medios de comunicación no puede considerarse como un hecho aislado: muchos de los organizadores y asistentes a las Marchas de la Dignidad reprochan a la prensa haber dado más cobertura a los episodios de violencia que a la manifestación del sábado, quedando ésta eclipsada por los disturbios.

A las cinco de la tarde, cuando decenas de miles de personas se concentraban ya frente a la estación de Atocha, los medios generalistas continuaban con sus emisiones regulares, que mantuvieron hasta las 20:30 horas, aproximadamente. La hora a la que comenzaron los disturbios, una hora antes de que acabara la manifestación, y minutos antes de comenzar los telediarios.