Hace apenas dos días que José y Juan (nombres ficticios) recibieron en su casa de Valencia las partidas de nacimiento de sus hijos gemelos. Se las mandó el consulado español en California (EEUU), el mismo que en noviembre les había impedido inscribir en su registro a los pequeños. La razón: habían nacido gracias a un vientre de alquiler una práctica prohibida por la Ley de Reproducción Asistida. La Administración les acusó de cometer un fraude de ley. Y eso a pesar de que las partidas de nacimiento estadounidenses decían que ellos eran los padres legales.

Tras meses de lucha a través de recursos, la Dirección General de los Registros y del Notariado rectificó su postura inicial y permitió a los padres registrar a sus hijos. Se trata de una decisión administrativa que sienta precedente, como reconocían esta semana desde el Ministerio de Justicia. Así también lo creen José y Juan, que han visto durante años cómo sus deseos de ser padres se diluían por el simple hecho de ser sinceros. 'Nunca quisimos engañar a nadie y por eso siempre nos presentamos como el matrimonio que somos', explica José, de 40 años. Por esa sinceridad, vieron que las puertas para adoptar hijos en el extranjero se les cerraron.

En España, y a pesar de que en la teoría las parejas homosexuales tienen los mismos derechos para adoptar que las heterosexuales, en algunas comunidades la realidad es distinta. 'En Valencia, es fácil que pierdan los expedientes, se retrasen y así hasta que cumples 40 años y la ley impide que adoptes a un niño menor de dos años', indica José.

Por eso acudieron a un vientre de alquiler en EEUU, un proceso que sobre todo es muy caro. Pero los futuros padres lo tenían claro: 'Ambos trabajamos en la Administración pública, no nos falta de nada, pero tampoco tenemos enormes sueldos; eso sí, nuestro coche tiene más de 10 años y vivimos de alquiler porque nuestra prioridad era tener hijos. Otros invierten en una hipoteca; nosotros, en formar una familia'.

Los dos padres sólo se lamentan de la falta de apoyo que aseguran que han sufrido por parte de las autoridades y de los movimientos que defienden los derechos de los homosexuales. 'Incluso el Defensor del Pueblo nos contestó que no teníamos razón en nuestra protesta', explica José, y así lo ratifica la institución en un escrito que recibieron a principios de febrero y en el que se les llega a acusar de fraude de ley.

'En las asociaciones que defienden nuestros derechos, tampoco encontramos gran apoyo y creemos que la realidad de nuestras nuevas familias les ha pillado desprevenidos, al igual que a la Administración', explica José. Y añade: 'Es muy bueno lograr la equiparación de derechos en el matrimonio, pero eso tiene otras muchas implicaciones en el día a día y parece que nadie ha caído en ellas'.

Tanto José como Juan son conscientes de que han abierto un camino que ya no tiene vuelta a atrás y que, a pesar de el esfuerzo y de las dificultades, dicen que ha valido la pena. 'Era una decisión de justicia; no sólo para nosotros, sino para las futuras familias', opina José.