El texto de la futura Ley de Extranjería aún recoge, al menos, dos medidas ilegales sobre el encierro de inmigrantes sin papeles en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), a la espera de su expulsión del país. Así lo denuncia el informe que el Grupo Inmigración y Derecho Penal, formado por distintos juristas, enviará en los próximos días a la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados.

Según el proyecto de reforma aprobado, los plazos de internamiento aumentarán de 40 a 60 días y, en caso de que el inmigrante solicite el asilo o el habeas corpus, el internamiento podrá ampliarse hasta un máximo de 14 días más. Estos 'son supuestos que no permite la Directiva de la Vergüenza de la Unión Europea [Directiva de Retorno]', critica Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal y miembro del grupo de juristas. 'Aunque lo más grave es la ampliación a 60 días', asegura.

Desde su presentación a finales de 2008, numerosos organismos (el Consejo General del Poder Judicial, el Foro para la Integración de los Inmigrantes y el Consejo Económico y Social, entre otros) han revisado el proyecto de Ley, que finalmente aprobó el Consejo de Ministros hace dos semanas. Pero ninguno advirtió de estas incompatibilidades.

El Grupo Inmigración y Derecho Penal ya denunció en marzo pasado que el anteproyecto permitía mantener encerrados hasta 18 meses a los sin papeles en otros casos (enfermedad o 'causas no imputables a la Administración que impidan o dificulten su salida de España').

De estas denuncias también se hizo eco el Consejo General del Poder Judicial y, finalmente, el Gobierno los retiró. Entre los firmantes de aquel informe, había jueces, letrados y fiscales de la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, audiencias provinciales, abogados y catedráticos.

Los CIE son 'centros donde se goza de menos garantías que en las prisiones', critica Martínez Escamilla. Por esta razón, el grupo de juristas exige también que la nueva ley asegure un 'efectivo control judicial' de estos centros.

Además, en su informe de este año, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, criticó que los policías del centro de Aluche (Madrid) pasearan entre los reclusos con sus defensas en la mano en lugar de en el cinturón, y que en Hoya Fría (Tenerife) se identificase a los detenidos con un número rotulado en su propia ropa. Todos los informes de los últimos años de este organismo han denunciado prácticas irregulares, hacinamientos y falta de condiciones óptimas en los CIE.

Los juristas aseguran que la ampliación de las retenciones a 60 días aumentará la población de inmigrantes internados, porque los encierros durarán un 50% más y no se prevén medidas para hacer frente a este incremento.

Además, los miembros del Grupo Inmigración y Derecho Penal temen que empeoren las condiciones al no aumentar los recursos. Esta reforma de la Ley de Extranjería, la cuarta que se acomete desde 2000, comenzará a debatirse en el Pleno del Congreso en la segunda quincena de mes y los periodos de 60 días se ordenarán inmediatamente después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.