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Nueva polémica en torno al juez Baltasar Garzón

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El magistrado Baltasar Garzón volvió a ocupar el lunes los titulares de la prensa al conocerse que durante la excedencia docente que disfrutó en Nueva York entre 2005 y 2006 cobró por valor de más de 200.000 euros sin informar de ello al órgano de gobierno de los jueces.

El magistrado percibió 160.000 dólares en concepto de sueldo del Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York, donde participó en labores docentes entre marzo de 2005 y junio de 2006, haciéndose cargo el centro de gastos de viaje por valor de 21.152 dólares y de los estudios de la hija del juez en la Escuela Internacional de Naciones Unidas, por 21.650 dólares.

Estas cifras se extraen de un auto del Tribunal Supremo en el que el alto tribunal desestima una querella por prevaricación y cohecho contra el juez al no apreciar la existencia de delito pero en el que remite los hechos al Consejo General del Poder Judicial para que éste estime si imponerle una sanción disciplinaria.

"No consta que el Consejo General del Poder Judicial tuviese en ningún momento conocimiento de que la actividad de docencia e investigación fuese a ser retribuida en concepto de sueldo mediante nómina", señala el auto.

"Tampoco consta que por el Consejo General del Poder Judicial se adoptase alguna resolución, separada de la de licencia, autorizando la compatibilidad para la actividad de docencia retribuida y, menos aún, que tomase conocimiento de los importes de dicha retribución, como concepto diverso de la indemnización de gastos", añade.

La querella fue presentada por el abogado Antonio Panea, que acusaba al titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de haber percibido 1,7 millones de dólares del Banco de Santander por unos cursos en el Centro Rey Juan Carlos en Estados Unidos, y de haber archivado después una querella contra directivos de esa entidad.

El Supremo recoge que el BSCH entregó a la universidad 302.000 dólares que, aunque pudieran haber servido para actividades gestionadas por Garzón, no puede "asegurarse que el dinero entregado por la entidad bancaria tuviese al querellado como directo destinatario".

No obstante, el auto señala que las cantidades percibidas por Garzón pudieron exceder de los límites fijados por ley "para el supuesto de actividades autorizadas para su compatibilidad con el cargo público" y recuerda que el artículo 417,11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sanciona como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas"

Garzón ha estado en la picota informativa en las últimas semanas a raíz de iniciar una investigación por casos de corrupción que salpican al PP, algunos de cuyos cargos locales han dimitido al conocerse que están siendo investigados por delitos tráfico de influencias, falsedad, cohecho y prevaricación.