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Una nueva querella fiscal contra Millet salpica a Castells por el Hotel Palau

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La Fiscalía ha presentado hoy una querella por tráfico de influencias contra Fèlix Millet por la operación para construir el Hotel del Palau de la Música, en la que se iba a embolsar una comisión de 3,6 millones de euros, gracias a un convenio firmado con el conseller de Economía, Antoni Castells.

La querella, a la que ha tenido acceso Efe, señala que Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull se aprovecharon de sus "relaciones personales" con Castells para conseguir un convenio que facilitara la permuta urbanística necesaria para la construcción del hotel y el compromiso de la Generalitat de recalificar las fincas donde un promotor privado iba a edificarlo, aunque el proyecto quedó detenido al estallar el escándalo por el desvío de fondos.

En su escrito, la Fiscalía señala que el conseller de Economía firmó el convenio sin tramitar los informes jurídicos previos y preceptivos, dejando en manos de Millet la indemnización que tendría que percibir la administración por la permuta urbanística (que el ex presidente del Palau fijó finalmente en 5,5 millones), "pese a estar comprometidos sus intereses patrimoniales".

Según la querella, el convenio firmado con Castells no era "suficiente" para que Millet obtuviera el beneficio económico que buscaba, por lo que fraguó otro acuerdo a tres bandas con el Ayuntamiento de Barcelona y el Departamento Economía y, aprovechando su relación con autoridades municipales, consiguió que la Comisión de Urbanismo del consistorio aprobara la modificación inicial del plan urbanístico necesaria para la construcción del hotel.

En su escrito, el fiscal, que acusa a Millet y Montull también de un delito de apropiación indebida, relata un cúmulo de irregularidades en los trámites de la operación urbanística para la construcción del hotel, una inversión que iba a llevar a cabo el promotor Manuel Valderrama, propietario de Olivia Hoteles y que en un principio iba a encargarse al arquitecto Oscar Tusquets.

Esta compleja operación a múltiples bandas se inició en noviembre de 2003, cuando Millet logró que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas cedieran de forma gratuita un solar anexo al Palau de la Música -que después se traspasó de Olivia Hoteles-, a cambio de unas obras de reforma en la escuela La Salle Comtal.

Una vez lograda la cesión, Millet y Montull "se aprovecharon de sus relaciones personales generadas por su posición dentro de la sociedad civil y política catalana" para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona "colaboraran en la realización de aquella operación urbanística en que los querellados buscaban conseguir un importante beneficio económico".

De esa forma, consiguieron que en marzo de 2006 Castells firmara un convenio con el Palau de la Música que autorizaba una permuta urbanística, por la que las fincas anexas al Palau adquirían uso residencial, mientras que un edificio propiedad de la Generalitat en la calle Ciutat -junto a la plaza Sant Jaume- pasaba a ser de equipamientos.

El convenio establecía, además, que la Generalitat tenía que ser compensada económicamente por la pérdida de valor patrimonial derivada de la operación, cantidad que debía ser satisfecha por el constructor del hotel.

Sin embargo, según la querella, Castells firmó el convenio sin el informe jurídico previo y preceptivo para valorar la necesidad y la utilidad de la operación y dejando en manos de Millet la cuantificación de la indemnización que correspondería a la Generalitat por la "pérdida de valor" que podía acarrear la operación para la administración catalana.

Además, el convenio establecía que a la Fundación del Palau, como titular del suelo que se iba a recalificar, le correspondía una compensación económica de 3,6 millones de euros, que según la Fiscalía pretendían embolsarse Millet y Montull, aunque finalmente no cobraron la comisión al frustrarse el proyecto.

Tras este primer acuerdo, que según la Fiscalía Millet logró gracias a su "predomino o fuerza moral" sobre las autoridades de la consellería, los imputados dirigieron sus miradas hacia el Ayuntamiento de Barcelona hasta firmar otro convenio a tres bandas, entre Castells, Millet y el entonces primer teniente de alcalde Xavier Casas.

Por este segundo convenio -que según la fiscalía Millet logró firmar con las condiciones que más le interesaban-, el ayuntamiento se comprometió a iniciar el proceso de modificación puntual del Plan General Metropolitano, ante el que la Generalitat emitiría los informes necesarios para darle viabilidad.

Esta modificación, que preveía la demolición de edificios protegidos anexos al Palau de la Música con un alto valor histórico y artístico, salió adelante aunque la presión vecinal y un informe negativo del Departamento de Cultura rebajaron las expectativas urbanísticas previstas en la propuesta inicial.

Según recoge la querella, no consta que la dirección general de Patrimonio del Departamento de Economía hiciera "ningún requerimiento" al Palau de la Música para asegurarse la compensación económica que le correspondería por la permuta ni consta que la Generalitat haya sido indemnizada hasta el momento por la pérdida del valor patrimonial ni recibido ningún aval de ese pago.