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Las nuevas exigencias de solvencia dificultan vender las cajas rescatadas

La intención de la autoridad bancaria europea de aplicar una quita del 20% a las inversiones en deuda española supondría unas pérdidas de 2.200 millones a la CAM, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y Unnim

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El plan del Banco de España para desprenderse de las cajas nacionalizadas se complica por minutos y se encarece para los contribuyentes. La autoridad supervisora europea (EBA, por sus siglas en inglés) está preparando unas mayores exigencias de solvencia que van a elevar sustancialmente las pérdidas de estas entidades (en casi 2.200 millones de euros) y por tanto las harán menos atractivas para los posibles interesados.

Los planes del supervisor, según fuentes del sector financiero, pasan por repartir la CAM, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y Unnim entre las grandes entidades españolas (Santander, BBVA, La Caixa y Sabadell), pero esta estrategia empieza a hacer aguas porque bastante tendrán estas entidades con adecuar su solvencia a las nuevas exigencias.

Los compradores de las entidades tendrían que aportar mucho más capital

De hecho, la adjudicación de la CAM empieza a correr peligro, dado que es difícil que nadie puje por ella si la EBA ejecuta lo que en este momento se está planteando, es decir, si eleva las exigencias de capital desde el 5% hasta un máximo del 9% y aplica a la deuda española una quita del 20%. Tras la inyección pública de 2.800 millones, la solvencia de la caja supera el 9%, pero su inversión de 5.589 millones en deuda soberana española le obligaría a hacer unas provisiones (que aumentarían sus ya elevadas pérdidas) de 1.118 millones. Si el trago de esta entidad, incluso con las garantías que ofrecía el fondo de rescate, ya se hacía complicado, ahora se presenta casi imposible. Todavía no ha empezado la última fase de la subasta (en la que participarán Santander, BBVA, La Caixa y Sabadell), pero en el sector hay muchos expertos que aseguran que nadie pujará por ella.

Algo parecido ocurre en CatalunyaCaixa, en la que inicialmente están interesados BBVA y Sabadell. La quita en la deuda soberana española (de la que tiene 2.840 millones) le supondría reconocer unas pérdidas de 568 millones. Mientras, a Novacaixagalicia, que en el mercado creen que podría acabar en manos de La Caixa, estas medidas le supondrían un coste de 963 millones, dado que tiene 4.370 millones en deuda española; 134 millones en títulos portugueses (que sufrirían un recorte de en torno al 40%) y 164 millones en italianos (que tendrían un recorte del 20%, como los españoles). Unnim, por su parte, que quedaría en manos de alguna entidad catalana, según el plan que habría preparado el Banco de España, sufriría un lastre de 522 millones en su balance, dado que cuenta con 2.574 millones en deuda soberana española y unas cuantías mínimas de irlandesa e italiana.

Estos cálculos, elaborados con los datos publicados por las entidades a cierre de 2010 y que ahora han actualizado para comunicárselos a la EBA, variarán dependiendo de la resolución final de la EBA. La autoridad europea está ultimando su propuesta y debería presentarla esta semana para que los gobiernos la debatan en la cumbre del próximo fin de semana.

Las posibles compradoras preferirán centrarse en elevar su capital

En el Gobierno español, que está intentando defender su postura en la EBA a través del Banco de España, confían en que las nuevas exigencias impliquen exclusivamente una depreciación de la deuda griega en manos de los bancos. Por tanto, no habría ninguna obligación de efectuar provisiones para las entidades tenedoras de bonos italianos, irlandeses, portugueses ni (y esto es lo importante para el sector financiero nacional) españoles, informa Antonio M. Vélez.

Los expertos calculan que, de materializarse las exigencias de las que ahora se habla, las entidades españolas necesitarían entre 50.000 y 100.000 millones. Todavía no está decidido cómo tendrían que conseguir ese dinero, pero la postura alemana, que habitualmente es la que sale adelante en Europa, aboga por intentar conseguirlo en el mercado, y en caso de no lograrlo (lo previsible), que se lo inyecte el Tesoro o, en último término, el fondo europeo. Los más pesimistas hasta plantean que podría recibirse a través de un préstamo del FMI. Lo malo de esta fórmula y de la ayuda del fondo europeo sería que se impondrían a España exigencias de economía rescatada, esto es, recortes muy severos.

Barroso propondrá aplicar sanciones penales a los directivos de banca

Mientras, en Bruselas, los sindicatos europeos reprendieron a las instituciones europeas y a la patronal por las ayudas a la banca que los gobiernos de la UE negocian estos días. Según Bernardette Segol, secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la banca 'se lucró desde que estalló la crisis, pero en vez de invertir lo recibido lo han gastado en sus accionistas y bonus'. 'Esta situación tiene que terminar, es inaceptable', remachó. Según ella, el apoyo gratuito a la banca se ha combinado con una estrategia de austeridad que 'puede irse de las manos y desembocar en una recesión', advirtió. A la reunión asistió Ignacio Fernández Toxo, presidente de la CES y secretario general de CCOO. Según Javier Doz, responsable del área internacional de la organización sindical, la UE ha errado en sus prioridades. '¿Por qué hay que salvar a los bancos con dinero público y no salvar a los estados? Primero, los gobiernos, y luego, los bancos', pidió.

Durante la rueda de prensa que siguió al encuentro, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, anunció que esta misma semana propondrá aplicar sanciones penales a los responsables del sector financiero que manipulen el mercado o especulen gracias a información privilegiada. 'Algunos de los comportamientos que hemos visto en el sector fueron completamente irresponsables y a veces de naturaleza criminal', aseguró Barroso. Sin embargo, la medida tendrá efectos limitados, pues en la actualidad, Bulgaria es el único país que no castiga; España ya tiene tipificados estos delitos, como en la mayoría de socios de la UE.