El Consejo de Ministros aprobará hoy que se adelante la edad de jubilación de las personas con discapacidad según su grado de afectación. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer la medida, que calificó de 'justa', en su reunión con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. Zapatero también se comprometió a modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios asuman el coste de las obras de accesibilidad necesarias en caso de que convivan con un vecino con discapacidad que lo solicite.

La fórmula exacta para mejorar las condiciones de jubilación del colectivo está por determinar, aunque lo más probable es que se amplíen los márgenes actuales. Desde 2004, las personas con un grado de discapacidad del 65% o mayor tienen la posibilidad de jubilarse anticipadamente: por cada cuatro años trabajados pueden adelantar un año su jubilación. En el caso de las personas que con ese grado de afectación necesiten ayuda externa para realizar tareas básicas, los cuatro años requeridos quedan en dos.

El asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Óscar Moral, señala que el vacío se produce en las personas con un grado de discapacidad menor al 65%: 'La idea es integrar en este sistema a personas con menos discapacidad, que ahora están excluidas de esa medida'.

En España viven 3.800.000 personas con algún tipo de discapacidad, de las que hay un 70% inactivas, aunque el porcentaje es aún mayor entre las mujeres. El 30% restante se corresponde con las personas activas, es decir, que hay 1.140.000 personas con discapacidad trabajando o con disposición para trabajar. No hay datos fiables sobre cuántas de ellas tienen más del 65% de afectación, y por tanto se benefician ya del adelanto de la jubilación.

En cuanto a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, Zapatero se comprometió ayer a modificarla en un plazo máximo de seis meses. El cambio se llevará a cabo para que las comunidades de vecinos asuman el coste de las obras de acondicionamiento que sean necesarias para para que el edificio sea accesible, siempre y cuando un vecino con discapacidad así lo solicite.

Hasta ahora, toda obra de accesibilidad que necesitara más de tres derramas mensuales tenía que pasar por la votación de la comunidad. Si los vecinos aceptaban por mayoría cualificada, la comunidad en su conjunto se hacía cargo del coste de las obras, incluidas las personas que votaron en contra. Si por el contrario los vecinos rechazaban asumir el gasto, la persona con discapacidad tenía que pagarla de su bolsillo. En ocasiones, incluso, el caso llegaba a los tribunales.