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Nuevo México deroga la pena de muerte

Se sustituye la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional

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El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, derogó hoy la pena de muerte y convirtió a su estado en el número 15 de los 50 de este país que abandona el castigo capital.

La ley firmada por Richardson sustituye el castigo por la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 'Ésta ha sido la decisión más difícil de mi carrera política', dijo Richardson en Santa Fe, la capital del estado, después de convertir en ley el proyecto de abolición.

Hasta ahora Richardson, que aspiró a la presidencia de EEUU, se había mostrado partidario del castigo. Sin embargo, señaló que ahora no confiaba 'en un sistema de justicia criminal que es el árbitro final cuando se trata de decidir quién vive y quién muere'.

'Si el estado va a asumir esta enorme responsabilidad, el sistema que imponga la pena de muerte debe ser perfecto y no puede equivocarse nunca', agregó.

Aunque la pena de muerte todavía cuenta con el respaldo de la mayoría del país según las últimas encuestas, en los últimos años la aplicación del castigo ha sido criticada por errores en los procesos contra los condenados, así como por denuncias por una presunta ineptitud de los abogados defensores.

También los grupos detractores han dicho que se aplica de forma racista y especialmente con mayor inclemencia en los estados del sur del país. La decisión fue aplaudida por La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que señaló que debería ser un ejemplo para otros estados. 'Se trata de un sistema lleno de errores, discriminatorio y en bancarrota', dijo John Holdridge, director del Proyecto de Pena Capital de ACLU.

Richardson promulgó la ley después de que el proyecto fuera aprobado por el Senado estatal el viernes de la semana pasada. El castigo fue restablecido en 1976 por el Tribunal Supremo y desde entonces han sido ejecutados 1.156 condenados, según cifras del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM).

Según CIPM, Utah y Colorado tienen proyectos para abolir el castigo. También existen iniciativas similares en Montana y Kansas. El último ejecutado en Nuevo México fue el asesino de niños Terry Clark, en 2001.