El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado esta tarde que su departamento seguirá adelante con la privatización del Registro Civil, que negociará directamente con los registradores.

Es más, Catalá ha rechazado ante el Congreso que se trate de una privatización, expresión que 'me ha sorprendido'. Porque una cosa, ha explicado, es la retribución de los registradores y otra su adscripción como funcionarios, con un sistema de incompatibilidades inherentes al cargo.

Catalá ha destacado que el Gobierno está convenido y seguirá adelante con el proceso de desjudicialización de los registros civiles, que el Ejecutivo del PP pretende entregar a los registradores.

Esta nueva llevanza del Registro Civil será negociado con el colegio de registradores de la propiedad y mercantiles. Para ello, crearán una comisión mixta del Ministerio con el colegio, con el fin de acordar las plataformas telemáticas, los sistemas de control y las garantías de los derechos de los españoles.

'No vamos a llevar a cabo el desarrollo de ningún cuerpo intermedio', ha destacado el ministro de Justicia, sino que lo negociarán 'directamente' entre el Ministerio y el cuerpo de registradores

Los registradores son funcionarios públicos, pero dirigen los registros como empresas privadas, que contratan empleados y que son quienes en realidad van a trabajar con los datos jurídicos y más sensibles de los españoles: nacimiento, defunción, matrimonio, incapacidades...

El Gobierno ha invertido 130 millones de euros en la digitalización de todos los asientos de los registros civiles desde 1820 hasta la actualidad.

Por otro lado, el ministro de Justicia ha anunciado ante la Comisión de Justicia un estudio de las tasas judiciales implantadas por el Gobierno del PP y que han provocado 'cierto rechazo' en la sociedad.

Catalá defiende recabará datos para tener un conocimiento real y detallado del impacto de las tasas, estudio que realizará junto con los operadores jurídicos con el fin de que 'nadie por motivos económicos' pueda ver restringido su derecho fundamental al acceso a la justicia.

Para este fin, recabará datos para tener un conocimiento real y detallado, del Consejo General del Poder Judicial y de la Agencia Tributaria. Quiere estudiar las causas de la reducción de la litigiosidad, ya que, ha argumentado, se reduce en los ámbitos penal y laboral que es donde no hay tasas.