En 2004, la violencia machista engordó su lista negra con 72 víctimas. En 2007, la lista apenas decreció: 71. La diferencia en tres años es una Ley contra la Violencia de Género. La semejanza –o el problema– es que los hombres siguen asesinando a sus mujeres. Lo saben las víctimas que padecen a diario las consecuencias de esta lacra y lo sabe también el Gobierno, impulsor de la norma aprobada hace tres años y medio.

¿Qué falla? Es la cuestión a la que ha pretendido responder el informe elaborado por el Ejecutivo, en colaboración con las comunidades, sobre la aplicación de la ley. El objetivo era realizar un diagnóstico sobre la situación y dar un impulso para que la ley se materialice y dé sus frutos. En otras palabras: para que la ley sea eficaz. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la calificó a escasos días de las elecciones generales como útil pero insuficiente. Acababan de ser asesinadas cuatro mujeres el mismo día.

Tras conocerse los primeros resultados de ese informe, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, admitió que la ley no había calado y se mostró abierta a reformarla. Más optimismo desprendió la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, apoyándose en datos como el siguiente: el 89% de las mujeres que ha pedido una orden de protección la ha conseguido. Sin embargo, un tercio de las 199 mujeres muertas en los tres años de aplicación de la ley había avisado de su situación con denuncia o pidiendo orden de protección.

Según las asociaciones de mujeres, el principal fracaso es que la sociedad no está suficientemente concienciada. “Los jueces anteponen, en la mayoría de los casos, el derecho del supuesto maltratador a la protección de la víctima”, asegura la Federación de Mujeres Progresistas, que pide a los jueces que pierdan el miedo a dictar la prisión preventiva cuando sea necesario. Amnistía Internacional también denunció la ineficacia de la ley.

Para otras asociaciones, la norma es discriminatoria, pese al fallo en sentido contrario del Constitucional. “La ley necesita una reforma integral”, dijo el juez de Familia Francisco Serrano a este periódico. En su opinión, la norma pone de manifiesto “la inferioridad de la mujer después de cien años de lucha por la igualdad”.