El presidente de EE.UU. Barack Obama, admitió hoy por primera vez que no logrará clausurar el penal de Guantánamo en enero, como había prometido, mientras el Gobierno busca un lugar para recluir a parte de los detenidos en su territorio.

La orden de cierre en doce meses de esa penitenciaría fue una de sus primeras acciones como presidente, pero la resistencia del Congreso a aceptar a detenidos en Estados Unidos y de otros países a acogerlos, ha hecho que hasta ahora hayan salido de la base naval sólo una veintena de presos.

"Estamos inmersos en una trayectoria y un proceso en el que yo anticipo que Guantánamo será cerrado el próximo año", dijo Obama en una entrevista con la cadena Fox News durante su gira por Asia.

"No voy a marcar una fecha exacta, porque mucho depende de la cooperación del Congreso", añadió.

La Casa Blanca había dado señales ya de que probablemente no lograría cumplir la meta establecida para la clausura de Guantánamo, donde permanecen unos 215 detenidos, pero esta es la primera vez que el presidente lo reconoce sin ambages.

El Gobierno inspecciona actualmente diversas cárceles civiles y militares en Estados Unidos para acoger a los prisioneros que no pueda repatriar a terceros países.

Algunos de ellos serán juzgados, pero existe un grupo de entre 20 ó 25, según diversas fuentes, contra los cuales el departamento de Justicia carece de suficientes pruebas para llevarlos ante un tribunal y no quiere dejar en libertad porque los considera peligrosos.

La solución que sopesa el Gobierno es encerrarlos de forma indefinida como combatientes enemigos en base al derecho humanitario, que rige en tiempos de guerra, según reconoció hoy el fiscal general, Eric Holder, en una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado.

"No sería simplemente poner a alguien en un gulag y no ver u oír más a esa persona", dijo Holder, quien explicó que se crearía un mecanismo para revisar los casos y que el Congreso debería aprobar el nuevo sistema.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos se han manifestado en contra de esta posibilidad, que a su juicio simplemente reestablecería las condiciones de Guantánamo en territorio estadounidense.

En cambio, sí que han aplaudido la decisión del Gobierno de enjuiciar en un tribunal civil a cinco sospechosos de participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001, incluido su presunto artífice, Jalid Sheij Mohamed, lo que se añade a otro caso anunciado previamente.

En la audiencia de hoy, Holder defendió la decisión frente a las críticas de los republicanos, que han dicho que Mohamed y sus supuestos colaboradores convertirán el proceso en un instrumento de propaganda de la red terrorista Al Qaeda.

"No tengo miedo de lo que (Mohamed) tenga que decir en el juicio y nadie más tendría que tenerlo", respondió Holder, quien recibió el apoyo de los legisladores demócratas durante la audiencia.

"Tengo confianza en que la nación y el mundo lo verá como el cobarde que él es", añadió.

En cambio, Jeff Sessions, el republicano de mayor rango del Comité, tildó la decisión de Holder de "peligrosa" y afirmó que tratar a Mohamed como un delincuente común indica que "luchar contra el terrorismo mundial no es la prioridad que era anteriormente".

El momento de mayor tensión en la audiencia llegó cuando el senador republicano John Kyl presionó a Holder para que explicara por qué quería juzgar a Mohamed en una corte civil, cuando él mismo había dicho que quería declararse culpable y ser ejecutado en el proceso militar abierto contra él por la Administración anterior.

El fiscal dijo que no basó su decisión "en lo que un terrorista, un asesino, quiere hacer. Él no elegirá el lugar donde será juzgado. Yo lo haré".