Cambiando lo que ha sido hasta ahora su política de absoluto secretismo, el Pentágono ha empezado a colaborar con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y comunicarle la identidad de los militantes encarcelados en sus prisiones secretas en Irak y Afganistán, desveló ayer el New York Times.

La nueva política empezó este mes, sin anuncio oficial, y se enmarca en el deseo del presidente Barack Obama de sacar a la luz las prácticas de sus predecesores en la 'guerra contra el terror', una voluntad de transparencia que Washington espera impulsar siempre que no interfiera en sus operaciones antiterroristas.

El Ejército, contrariamente a la CIA cuyas cárceles secretas fueron cerradas por orden de Obama el pasado enero sigue manteniendo instalaciones sobre las que no se sabe nada o casi nada y en las que están recluidos islamistas y presuntos miembros de Al Qaeda, bajo la supervisión del llamado Programa de Operaciones Especiales, en Balal (Irak) y Bagram (Afganistán).

Según contaba ayer el diario neoyorquino, las instalaciones iraquíes han albergado a una media de entre 30 y 40 'prisioneros extranjeros', algo menos en Afganistán.

Hasta ahora, el CICR tenía acceso a todas las cárceles militares, excepto las del programa especial donde se recluyen a los sospechosos considerados más peligrosos. Sus condiciones de detención ya fue denunciada en su momento. El New York Times reveló en 2006 que soldados de uno de estos centros provisionales Camp Nama, cerca del aeropuerto de Bagdad habían cometido graves abusos contra los detenidos, pegándoles con rifles y escupiéndoles en la cara.

El reglamento del Pentágono estipula que estos sospechosos sólo pueden ser detenidos durante dos semanas hasta ser transferidos a instalaciones más normales donde el CICR sí ha tenido acceso. Para mantenerlos más tiempo en esta custodia super secreta, necesitaban una orden directa del secretario de Defensa.

Bajo las nuevas normas, los militares deben informar al Comité Internacional de la Cruz Roja de los nombres y números de identificación de todos los prisioneros en las dos primeras semanas de su captura. Y ya no se puede extender su detención en los centros especiales a más de 14 días.

El Pentágono ha minimizado el impacto del cambio de política. Las organizaciones pro derechos humanos, sin embargo, han alabado el cambio, pues aseguran que los prisioneros especiales fueron mantenidos en el limbo del secretismo mucho más tiempo del teóricamente permitido. 'Cualquier mejora en la notificación a la Cruz Roja es positiva', declaró Muhammed Allu, de Human Rights First.

El esfuerzo de transparencia es idea del secretario de Defensa, Robert Gates, por recomendación del máximo responsable militar en la zona, el general David Petraeus. Gates ordenó revisar los programas de las Operaciones Especiales en Afganistán e Irak para determinar si se habían cometido abusos. El comandante en jefe de las fuerzas armadas, el almirante Mike Mullen, también estaba a favor. Mullen siempre trató de separar en las cárceles a los elementos más extremistas de los menos violentos para evitar convertir los centros de detención en caldo de cultivo de Al Qaeda. También insistió en tratar humanamente a los sospechosos y permitirles, entre otras cosas, practicar libremente su religión.