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Obama ordena el cierre de la prisión de Guantánamo

Reuters

Por Matt Spetalnick

El presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó el jueves el cierre de la prisión militar de Guantánamo en un período de un año y el cese de los interrogatorios con violencia a sospechosos de terrorismo, en un rápido intento de restaurar la imagen de Estados Unidos en el exterior.

En sus primeros días en el cargo, en los que está dedicándose a modificar totalmente algunas de las políticas de su predecesor, George W. Bush, Obama ordenó también el cierre de las prisiones secretas de la CIA en el extranjero.

El cierre del controvertido campo en la base estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba, donde sospechosos de terrorismo han estado detenidos desde 2002 sin tener cargos formales, cumple con la promesa que hizo durante la campaña electoral.

La prisión se convirtió en una mancha en la gestión de los derechos humanos por parte de Estados Unidos y en un símbolo de abusos a reclusos y detención sin cargos durante el Gobierno de George W. Bush.

"El mensaje que estamos enviando a todo el mundo es que Estados Unidos tiene la intención de seguir la lucha continua contra la violencia y el terrorismo y que lo vamos a hacer estando vigilantes", dijo Obama al firmar las órdenes ejecutivas en una ceremonia en la Casa Blanca.

"Lo vamos a hacer de un modo eficaz y lo vamos a hacer de un modo que sea consistente con nuestros valores y nuestros ideales".

Aunque detrás del escenario está trabajando con sus asesores para afrontar la peor crisis financiera desde hace décadas, las primeras apariciones públicas de Obama se están dedicando a la política exterior y la seguridad nacional.

El jueves también se reunió con la secretaria de Estado, Hillary Clinton. La ex senadora de Nueva York asumió oficialmente el cargo en el Departamento de Estado por la mañana, prometiendo una nueva era en la diplomacia estadounidense pero asegurando que se vienen tiempos difíciles.

Además anunció que el ex senador George Mitchell, un veterano mediador internacional, será el enviado para reavivar el moribundo proceso de paz entre israelíes y palestinos. El ex embajador ante la ONU Richard Holbrooke fue nombrado enviado para Pakistán y Afganistán.

Obama pretende actuar rápidamente ante los retos de política exterior dejados por el anterior gobierno, que fue criticado por una "diplomacia de cowboy" de actuar en solitario, cambiando hacia un enfoque más participativo, y llevando el foco de atención de la impopular guerra en Irak a la de Afganistán.

El nuevo presidente ha ordenado una revisión total de la estrategia estadounidense en este país, donde ha prometido aumentar el número de soldados, y ha dicho a sus generales que den los primeros pasos para cumplir su promesa electoral de retirar tropas de Irak.

Se cree que Osama bin Laden y otros dirigentes de Al Qaeda se ocultan en la región montañosa entre Pakistán y Afganistán.

QUÉ HACER CON LOS PRESOS

El cierre de Guantánamo es el primer paso en un proceso largo y complicado para decidir qué hacer con sus 250 presos, a muchos de los cuales se les ha denegado el acceso al sistema legal estadounidense.

Estados Unidos quiere juzgar a unos 80 de ellos acusados de terrorismo. A otros 50 ha dado el visto bueno para su liberación, pero no los ha devuelto a sus países ante el temor de que puedan ser torturados o juzgados.

El segundo decreto presidencial establece que la CIA tendrá que cerrar los centros secretos de detención en el exterior que desataron la polémica en Europa, y prohíbe que se abran más en el futuro.

También ordena que los interrogatorios de prisioneros se hagan siguiendo el Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, que aseguran que tengan un trato humano bajo la Convención de Ginebra. En ocasiones, Bush llegó a decir que esto no era necesario.

La orden también crea un grupo de trabajo para estudiar la actuación policial de cara a la transferencia de prisioneros a otros países.

Una tercera orden crea otro grupo de altos miembros del gabinete que dirigirá una amplia revisión de las detenciones policiales de ahora en adelante, que tendrá que entregar un informe al presidente en 180 días.

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