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El ocaso de las televisiones autonómicas

Los trabajadores de TV3 han anunciado un paro parcial de dos horas y media el miércoles ante la sospecha de un Expediente de regulación inminente.La direcci&oa

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¿Qué será de las televisiones públicas autonómicas? Esta es la pregunta que se hacen durante estos días los trabajadores y directivos de la mayoría de las radios y televisiones públicas. Sobre ellas se ciñe una triple crisis que amenaza su continuidad: la publicitaria, en 2011 las autonómicas facturaron por publicidad un 27,4% menos respecto al año anterior; la financiera, que asfixia las cuentas públicas; y la crisis de audiencia, que azota a televisiones públicas históricas como Telemadrid o Canal 9, con unas audiencias medias que apenas superan el 5%. La solución que ideó el Gobierno conservador de Mariano Rajoy a la crisis estructural del modelo de televisión autonómica fue la privatización o la externalización de los servicios en manos privadas.

Estas tres crisis simultáneas unidas a la solución otorgada por el Gobierno han convertido la situación en un cóctel a punto de explotar y que amenaza con hacer saltar por los aires el sistema de televisiones autonómicas públicas, sobre todo el de las históricas, aquéllas que se crearon en los años 80 a imagen y semejanza de RTVE como Telemadrid, Canal Sur, ETB, TV3 y la TVG.

El último conflicto en saltar a la luz ha sido el de la Televisión de Catalunya, curiosamente, la cadena autonómica que mejores datos de audiencia registra con una media de audiencia en septiembre del 14,6%, más de cinco puntos por encima de la media de la Forta.  

Los trabajadores de TV3 han convocado un paro parcial de dos horas y media para este miércoles desde las 10,30 horas hasta las 13,00 horas ante las sospechas de que la Corporación catalana está preparando un ERE en los medios de comunicación públicos. El paro afectará al programa matutino Els matins de TV3 y también podría afectar al telediario de mediodía ya que si los trabajadores secundan el paro no tendrían suficiente tiempo para su preparación.

Los trabajadores de TV3 han convocado un paro parcial el miércoles

“Todo indica a que el seguimiento será mayoritario y que el programa de la mañana se tendrá que interrumpir. Así, el telediario tendrá problemas para ser emitido y los boletines del canal de noticias también”, aseguran fuentes de los trabajadores.

Las sospechas de los trabajadores provienen del informe de viabilidad que la Corporación catalana ha realizado a una asesoría independiente que debe señalar la idoneidad o no de efectuar despidos. Los resultados de este informe deberían conocerse, según fuentes cercanas a los trabajadores, a finales de este mes de octubre o durante los primeros días de noviembre, aunque la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya podría retrasar los plazos que se manejan.

De momento, la Corporación ya ha informado a los trabajadores de que en 2012 registrará un “déficit importante” debido a la caída de “más de un 20% de la publicidad” respecto a 2011. Estos datos, que los trabajadores atribuyen a la mala previsión de ingresos de la dirección anterior, señalan un horizonte negro para los trabajadores de la televisión y la radio pública de Catalunya, que ven en el silencio de la Corporación una muestra de que los despidos pueden llegar en cualquier momento.

La posibilidad del Expediente de regulación de empleo está más claro en Telemadrid. El pasado viernes la presidencia de la Comunidad de Madrid rubricó el acuerdo con la asesoría el Deloitte-Cuatrecasas, por valor de 140.000 euros más IVA, mediante el cual la asesoría se compromete a realizar un informe que analice la situación actual del ente autonómico y determine el número de despidos a realizar. La asesoría dispone de un plazo de 30 días para realizar el informe. “En Telemadrid nadie duda de que se efectuará un ERE”, aseguran fuentes de los trabajadores.

El ente público madrileño dispone de una plantilla de 1.177 trabajadores y tiene una deuda acumulada de 242 millones de euros. En los presupuestos de 2011, el Gobierno madrileño destinó 79 millones de euros para Telemadrid, una cantidad que tuvo que aumentar en cerca de 40 millones a mitad de curso para evitar la quiebra técnica del canal autonómico, ya que las entidades financieras se cerraron en banda a renegociar su deuda. Los ingresos publicitarios del ente autonómico en el curso pasado no superaron los 28 millones de euros dejando un agujero en las cuentas de la comunidad de alrededor de 110 millones de euros.

Ignacio González indicó al comité de Telemadrid que los despidos serían 'masivos'

Ante estas circunstancias, ni los trabajadores ni la dirección de RTVM tiene dudas de que el ERE terminará llegando. “Tenemos la sensación de que habrá muchos despidos. El caso de Canal 9 es un precedente cercano. Si inicias una reestructuración no es para despedir a tres o cuatro personas”, aseguran a Público fuentes cercanas a la dirección del ente. 

De hecho, el actual presidente de la Comunidad, Ignacio González, aseguró a la presidenta del comité de empresa del canal autonómico, Teresa García, según asegura la propia responsable sindical, que los “despidos serán masivos”. No obstante, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, aseguró al comité de empresa de Telemadrid en una reunión mantenida el viernes pasado que “no hay nada decidido” y que “todo dependerá de los resultados del informe”, que se conocerá a mediados del mes de noviembre.

Ambas partes, comunidad y comité de empresa se han citado para una próxima reunión a inicios de noviembre cuando el Gobierno de Ignacio González apruebe los presupuestos para 2013. La partida que asigne el ejecutivo a la radio y la televisión pública madrileña servirá para calibrar la importancia del Expediente de regulación de empleo que sobrevuela al servicio público madrileño.

Es inevitable analizar la situación de Telemadrid sin recordar los pasos que ha seguido la Radio Televisión Valenciana. Como ya han hecho, la televisión catalana y la madrileña, la valenciana encargó un informe analítico a la asesoría independiente PricewaterhouseCoopers (PwC). Una vez conocidos los resultados de este informe, el 22 de agosto la dirección de la Radio Televisión Valenciana anunció un Expediente de regulación de empleo que afecta a 1.198 trabajadores de una plantilla de 1.645, es decir, el 73% de su personal.

Sin embargo, casi cuatro meses después del anuncio del ERE, RTVV no ha consumado ningún despido y según apuntas fuentes de los trabajadores a Público es probable que los despidos tarden en llegar porque la Generalitat “no tiene dinero ni para despedir”.

El 6 de noviembre arranca el juicio por el ERE a 1.198 trabajadores

Los despidos en RTVV no se esperan, al menos, hasta que arranque el juicio por la demanda colectiva que interpuso Intersindical valenciana contra el Expediente de regulación de empleo, que dará comienzo el próximo 6 de noviembre. “Si despiden antes, puede darse la situación de que les toque readmitir a trabajadores y no creo que estén dispuestos a correr ese riesgo”, señalan desde los trabajadores.

No es de extrañar que los trabajadores de Telemadrid vean en Canal 9 un precedente de su caso. Ambas comunidades están gobernadas por el Partido Popular y ambos entes autonómicos han sido denunciados en repetidas ocasiones por manipulación informativa a favor de los gobiernos de sus respectivas comunidades autónomas. Sus audiencias han bajado bruscamente y sus plantillas crecieron exponencialmente durante los tiempos de vacas gordas.

En el mes de septiembre, Telemadrid y Canal 9 han registrado los peores datos de audiencia de todos los canales autonómicos. El canal madrileño ha obtenido un 5,2%, mientras que el valenciano se ha quedado en el 4%. Ambos se sitúan muy por debajo de la media de canales Forta que asciende al 9,4%.

El futuro de las radios y las televisiones públicas apunta a una reestructuración masiva del sector encaminada a su privatización, como ya ha señalado Esperanza Aguirre en varias ocasiones cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, o a la externalización de sus servicios como ya ha iniciado Murcia.

Dos productoras próximas al Partido Popular aspiran a recoger los restos de las autonómicas

La comunidad autónoma murciana anunció la semana pasada la adjudicación a la empresa Secuoya de la realización de sus informativos por valor de 56.000 euros por los tres meses (ampliable a otro más) de licencia. Esta adjudicación, aunque se trata de un contrato pequeño por su concreción en la actividad a desarrollar y por la duración en el tiempo, sirve como pistoletazo de salida a una inminente privatización y externalización de las televisiones públicas autonómicas.

 Previamente, Radiotelevisión de la Región de Murcia despidió mediante un Expediente de regulación de empleo a 250 de sus 264 trabajadores. Ahora, con una plantilla de 14 trabajadores ha comenzado a negociar con empresas privadas la producción de su actividad audiovisual sin tener que soportar los costes fijos que supone una plantilla propia.

Ante este panorama de privatización y externalización, dos productoras audiovisuales han estado armándose en el último año y buscando liquidez a través de fondos de inversión para optar con garantías a hacerse con un mercado audiovisual autonómico que mueve anualmente cerca de 1.500 millones de euros. Estas dos empresas son Vértice 360 y Secuoya, quien ya se adjudicó la realización de los informativos de Murcia.

Curiosamente, estas dos empresas tienen miembros en su dirección miembros muy cercanos al partido que promovió la reforma de la ley y que ha abierto el mercado a las empresas privadas. El sobrino de la número dos del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, es vicepresidente de Vértice 360. Secuoya, por su parte, cuenta en su consejo de administración con Miguel Ángel Rodriguez, quien fuera secretario de Estado de Comunicación durante la época de José María Aznar.