La OCDE lo tiene claro: la edad de jubilación tiene que ir estrechamente ligada a la esperanza de vida para que el sistema de pensiones español, 'más generoso que el de muchos países de la OCDE en la relación entre contribución y retorno recibido a cambio', sea sostenible. Y, como la esperanza de vida no para de aumentar, hay que encontrar un mecanismo que vaya desplazando automáticamente la edad legal para jubilarse, según defiende el organismo en su último informe monográfico sobre la economía española.

Es un planteamiento a futuro. De momento, para la OCDE, 'la propuesta de ampliar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años para recibir la prestación completa va a provocar una significativa reducción en los gastos futuros para pensiones'. Pero sostiene que hay que ir más allá.

Para empezar, acompañando esa medida, que debe ser de 'alta prioridad', de otras. 'A más largo plazo, los parámetros que afectan a las pensiones, como la edad legal de jubilación , deben ligarse a los cambios en la esperanza de vida'. Además, 'el Gobierno debe implementar una fórmula de cálculo de los beneficios de la pensión que refleje la totalidad de la vida laboral de los participantes' en el sistema, añade el informe.

El argumento detrás de tanta exigencia es conocido. Se lo repiten a España desde todas las instituciones internacionales: el país 'se enfrenta a un dramático incremento del gasto público ligado al envejecimiento de la población entre 2030 y 2060'. Todo esto va a provocar que 'el coste de las pensiones se dispare'.

La firma de análisis y auditoría Pricewaterhousecoopers sitúa, en un informe publicado ayer, en 70 años el punto al que debería retrasarse la edad legal de jubilación en España.

Las reformas necesarias no acaban con la de las pensiones. La OCDE considera que, aunque se espera que la recién aprobada reforma laboral 'haga más fácil para las empresas que sean aceptados como despidos procedentes los que estén provocados por la necesidad de reducir costes', también cree que 'la ley deja mucho espacio a la interpretación judicial'.

La OCDE propone reducir los costes del despido en los contratos de mayor duración y abolir la obligatoriedad de los convenios colectivos.