La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este lunes de que determinadas empresas de alquiler de vehículos obligan al consumidor a adquirir un tanque de combustible, sin que el precio de dicho combustible aparezca ni en la oferta inicial ni en el precio de contratación.

Este es el resultado de una campaña puesta en marcha por la OCU junto con la asociación británica de defensa de los consumidores (Which?) cuyo objetivo era denunciar la citada práctica llevada a cabo por parte de determinadas empresas de alquiler de vehículos, contraria a la legislación vigente. Además, en una nota de prensa explica que, en algunos casos, las citadas empresas cobran el combustible a un precio por encima del de mercado.

La organización británica Which? ya alertó en un informe elaborado en 2012 de que se trataba de una práctica que se producía en varios países y que, en España, se detectaron un mayor número de quejas de usuarios de este tipo de servicios.

Which? y OCU pedirán información a las autoridades españoles en materia de consumo para que protejan a los consumidores de estas normas injustas y han mostrado su confianza en que las administraciones de ambos países investiguen y castiguen a todas las compañías que efectúan prácticas ilegales. Además, según la OCU 'este comportamiento perjudica a los consumidores y a la imagen de España como destino de vacaciones'.

La OCU ha comprobado que sólo en un 30% de las ocasiones se aplica la cláusula lleno/vacío y que los casos en los que no se reembolsa el combustible no consumido alcanza el 18%.

Para la OCU, lo 'realmente grave es que el consumidor se ve obligado a contratar un servicio adicional que no ha solicitado, sin que cuente con la posibilidad de cancelar la reserva ya efectuada, salvo que renuncie a la señal dada'.

La asociación de consumidores considera que esta práctica es contraria a la legislación de defensa de consumidores y usuarios al contravenir el derecho de los consumidores a la información.

Por ello, ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) para que investigue esta práctica y, si procede, lleve a cabo las acciones necesarias para poner fin a este abuso.