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Las oficinas de los expresidentes autonómicos se convierten en un retiro dorado

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Los ex presidentes de los gobiernos autonómicos gozan, en algunos casos y si así lo solicitan, de un retiro dorado, una oficina desde la que poder seguir desarrollando su actividad profesional, así como de otros privilegios regulados por ley como una asignación vinculada a su estancia en el Gobierno.

Seis comunidades -Cataluña, País Vasco, Extremadura, Comunidad Valenciana y Andalucía y Castilla-La Mancha-, tienen regulado facilitar a los expresidentes los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas, así como la dotación presupuestaria para su funcionamiento y atenciones de carácter social y protocolario.

En el caso del País Vasco, los tres exlehendakaris, Carlos Garaicoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe, cuentan con oficinas, el primero en Pamplona y los otros dos en Vitoria.

Las de Garaicoetxea y Ardanza se crearon en 1999 cuando un decreto reguló el estatuto del exlehendakari, que establece para los expresidentes del Gobierno vasco una oficina, con una secretaria nombrada a su elección, coche y chófer.

Estas oficinas se han puesto estos días de actualidad de la mano del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tras las críticas vertidas por el PP, que ha criticado la inversión de 1,6 millones de euros en la oficina que se puso en marcha en 2007.

La Asamblea de Extremadura garantiza a los expresidentes una oficina, el tratamiento de "presidente" y una asignación mensual, así como dietas, indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados por asistencia a actos en los que representan a la Comunidad.

Cataluña cuenta con tres oficinas de expresidentes de la Generalitat: la de Jordi Pujol, creada a finales de 2003; la de Pasqual Maragall, abierta en 2006; y la de José Montilla, que entró en funcionamiento a finales del pasado año.

Los expresidentes catalanes perciben por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual del 80 por ciento de la retribución mensual que corresponde al cargo de presidente de la Generalitat, pero cuando llegan a los 65 años esa asignación se reduce al 60 por ciento.

No obstante, dentro de la política de contención del gasto del actual Gobierno catalán, los ex presidentes Jordi Pujol y Pasqual Maragall verán reducida en un tercio la asignación que perciben por sus oficinas, porque con la misma partida que el año pasado se financiará también la de José Montilla.

En Andalucía y la Comunidad Valenciana, el estatuto de los expresidentes regula medios materiales y personales para el sostenimiento de una oficina si así lo solicitan, si bien en la actualidad ninguno de ellos lo ha reclamado.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el expresidente Joan Lerma sigue de senador, Eduardo Zaplana trabaja como consejero de Telefónica y José Luis Olivas es presidente de Bancaja.

De los expresidentes andaluces, Rafael Escuredo trabaja en su despacho de abogados, José Rodríguez de la Borbolla se dedica a la docencia en la Universidad de Sevilla y Manuel Chaves es vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial.

También por ley, en Castilla-La Mancha los expresidentes tienen derecho a una oficina, pero el actual jefe del Ejecutivo en funciones, José María Barreda, ha avanzado que renunciará a ese estatus, mientras que su antecesor José Bono sólo hizo uso de la misma entre los años 2006 y 2008.

Además de las oficinas, estas dos últimas comunidades también regulan por ley que los expresidentes formen parte de los consejos jurídicos consultivos, fórmula que también se recoge en las leyes de Galicia, Madrid y Castilla y León.

En la Comunidad de Madrid, el expresidente Joaquín Leguina disfrutó de un servicio de secretaria y chófer en la etapa en la que Alberto Ruiz-Gallardón estaba al frente del Ejecutivo regional, pero hoy día sólo forma parte como miembro nato del Consejo Consultivo.

Al ocupar la Alcaldía de la capital, Gallardón no dispone de ninguna prestación de la administración regional a pesar de haber estado dos legislaturas al frente de la misma.

Frente a estas comunidades, los exdirigentes de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja y Navarra no cuentan con oficina para continuar desempeñando su trabajo como ex altos cargos responsables, pero en algunos casos conservan el título protocolario de "excelentísimo" y son vocales de distintos órganos autonómicos.

En la mayoría de los casos, en estas comunidades los expresidentes, tras cesar en su cargo, se convierten en ciudadanos sin ningún tipo de privilegios.