El pueblo de Okinawa apenas representa el 1 por ciento de la población nipona, pero su empeño en que las bases estadounidenses abandonen su archipiélago pone a prueba la tradicional alianza entre EEUU y Japón.

La isla de Okinawa, la más grande y populosa de esta meridional provincia japonesa, ha sido desde el fin de la II Guerra Mundial la base principal del Ejército estadounidense frente a las costas del emergente poder chino y hogar de más de la mitad de los 50.000 soldados norteamericanos desplegados en Japón.

El pasado fin de semana los okinawenses volvieron a salir a la calle para gritar el "¡bases fuera!" ante la llegada hoy del presidente estadounidense, Barack Obama, al que el nuevo Gobierno nipón plantea un cambio en los acuerdos de reubicación de las bases.

El primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, que llegó al poder en septiembre tras medio siglo de gobiernos conservadores del Partido Liberal Demócrata, prometió una línea más independiente de Washington y acabar con las molestias que causan las instalaciones y aeródromos de EEUU a la población de Okinawa.

Esta promesa implica reescribir los acuerdos firmados en 1996 y 2006, que contemplan la reubicación de la polémica base aérea de Futenma, situada en una zona densamente poblada, unos kilómetros más al norte, donde los ruidos de los helicópteros afecten menos a los vecinos.

Ese acuerdo, al que se opone casi el 70 por ciento de los habitantes de la isla de Okinawa, era una condición previa a la salida de 8.000 marines para su envío a territorio estadounidense en el Pacífico Central, el de la isla de Guam.

Hatoyama ha dicho en reiteradas ocasiones que la base de Futenma no debe recolocarse dentro de territorio japonés sino salir de Japón, algo a lo que Estados Unidos no está dispuesto y que ha puesto la alianza de cinco décadas ante un sobresalto casi inédito.

Los habitantes de Okinawa, con un gran sentido crítico hacia Tokio y Washington, observan con cuidado los movimientos de la Administración de Hatoyama y ya han protestado sobre sus concesiones para que la base de Futenma se quede finalmente en la isla.

A pesar de que la presencia de los soldados estadounidenses y sus bases (que ocupan el 20 por ciento de la isla de Okinawa) ha sido una fuente de ingresos y empleo muy importante para la provincia más pobre de Japón, las polémicas sobre abusos y delitos generados por los marines han acabado con la paciencia de la población.

Según el Gobierno de Okinawa, la presencia de las bases estadounidenses aporta 2.000 millones de dólares anuales, mientras que los políticos piden que, para evitar esta dependencia, Tokio aporte más ayudas para crear empleo y favorecer nuevos negocios.

El escándalo que más daño ha hecho a la imagen de las Fuerzas Armadas estadounidenses fue la violación por parte de tres soldados de una niña de 12 años en 1995, a lo que se sumó otra denuncia similar en 2008 y que se completa con quejas hacia soldados que conducen bebidos.

Para añadir más tensión en la difícil convivencia de uno de los destacamentos militares estadounidenses más numerosos con la población civil, en 2004 uno de los helicópteros de la base de Futenma se estrelló contra una universidad y, aunque no hubo víctimas mortales, generó quejas por la falta de transparencia durante las investigaciones.

La población, la prensa y los políticos de Okinawa han mantenido una posición muy crítica hacia Estados Unidos y Japón desde que ambos acordaron en 1972 la devolución a la Administración nipona de la isla, en poder de EEUU desde el fin de la II Guerra Mundial.

Algunos políticos locales han acusado a Tokio y Washington de tratar a la isla como un enclave colonial donde los jóvenes soldados estadounidenses disfrutan de impunidad y están bajo el amparo de bases gigantescas como la de Kadena, el campo Hansen o Schwab.

No obstante, los habitantes de Okinawa se mantienen escépticos sobre el resultado de las conversaciones ente Obama y Hatoyama, ya que, a pesar de todo, sus votos sólo deciden cuatro asientos de la Cámara Baja.