Publicado: 19.11.2013 07:00 |Actualizado: 19.11.2013 07:00

Las ONG denuncian expulsiones ilegales a través de la valla de Melilla

Agentes de la Guardia Civil entregan al Ejército marroquí a los subsaharianos que logran saltar la verja en vez de conducirlos a comisaría para ser trasladados al CETI

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Las ONG que velan por las personas en situación administrativa irregular denuncian las "expulsiones ilegales" en la frontera que separa España y Marruecos por parte de agentes de la Guardia Civil, como desveló ayer El País. "Es una práctica habitual exenta de cualquier base jurídica", afirma Mikel Mazkiaran, secretario de la federación estatal de SOS Racismo. "Aunque alegan que les ampara el acuerdo hispano-marroquí de 1992, ningún artículo permite la devolución sin que medie un expediente administrativo. Más bien al contrario, pues la Ley de Extranjería garantiza la asistencia jurídica".

La práctica, según informa el diario madrileño y corroboran defensores de los derechos humanos, consiste en devolver al Ejército marroquí a los subsaharianos que han logrado saltar la valla. La entrega tiene lugar en algunas puertas que existen a lo largo de la verja. "Estamos al corriente de ello desde hace una década. La Guardia Civil, en vez de llevar a los inmigrantes a una comisaría o al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), los apresan para sacarlos de manera irregular a través de la frontera", explica el presidente de Prodein, José Palazón, que lleva años denunciando estas expulsiones sumarias en Melilla.

Una grabación difundida por El País (audio), que capta las conversaciones entre agentes españoles durante una expulsión llevada a cabo en abril, refleja la implicación de las autoridades marroquíes. "Su Ejército está pagado por España y totalmente a su servicio. Los militares hacen el trabajo sucio y permiten que nuestro Gobierno y la Unión Europea no se ensucien las manos", añade Palazón, quien asegura que muchos guardias civiles no están a favor de estas expulsiones y son "usados para cometer actos ilegales".

"Si no cumplen las órdenes, están apañados. En realidad, los responsables son sus mandos, muy pegados a la clase política", cree el responsable de Prodein, que trabaja con menores. Estos también han sido víctimas de estas devoluciones, como han hecho público Médicos Sin Fronteras o SOS Racismo. Alguna de ellas incluso llegó a ser investigada por la Defensora del Pueblo.

"Un funcionario no puede tener la llave de una frontera internacional", opina Palazón, quien considera que los agentes incurren en un "delito grave". Estas expulsiones "ágiles" tienen como fin evitar la saturación del CETI, según Mazkiaran, que censura los "tiempos de estancia larguísimos". Llegar hasta a una comisaría (y, por extensión, hasta el Centro de Estancia Temporal) es uno de los objetivos intermedios de las personas que logran saltar la valla.

"Una vez dentro, se les abre un expediente de expulsión y, a partir de ahí, se siguen los trámites de la Ley de Extranjería", explica Palazón. Eso, si no son capturados antes y devueltos, cuando cae la noche y a través de una portezuela, al otro lado de la verja.