Publicado: 01.12.2014 18:13 |Actualizado: 01.12.2014 18:13

Las ONG solicitan al CGPJ que frene la reforma que legaliza las devoluciones en caliente

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Casi 130 ONG que rechazan la reforma de la ley de extranjería que legaliza las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla han llevado hoy su denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde han presentado un escrito solicitando a la institución que intervenga para detener la tramitación. Piden, además, que se les reciba en audiencia. El documento insta a la Comisión Permanente del CGPJ a ejercitar "las acciones que considere oportunas para que se detenga la tramitación parlamentaria" del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que incluye la reforma de Extranjería en una Disposición Adicional introducida por enmienda del Grupo Popular.

Las entidades, que ya han trasladado su preocupación a todos los grupos parlamentarios, informan ahora al CGPJ de que la reforma prevista permitirá devolver sobre la marcha a Marruecos a los extranjeros interceptados saltando las vallas de Ceuta o Melilla en grupo "sin individualizar la actuación administrativa, impidiéndose su control judicial" y "afectando así a derechos fundamentales" como a la vida o a la integridad física.

"Entendemos no sólo que el contenido de dicha enmienda lesiona derechos fundamentales y es incompatible con la Constitución, el Derecho comunitario y el derecho internacional de los Derechos Humanos, sino que constituye un fraude de la normativa vigente sobre la iniciativa y tramitación de iniciativas legislativas, pues en modo alguno puede iniciarse la reforma de una ley orgánica a través de una enmienda de un grupo parlamentario, por mucha mayoría absoluta que tenga", denuncian los autores de documento, firmado por el Servicio Jesuita a Migrantes, el grupo de académicos Inmigrapenal o Médicos del Mundo, entre otros.

Por eso, las organizaciones llaman al Consejo a "reclamar su competencia y emitir el informe que preceptivamente le corresponde evacuar en relación con la norma incorporada en trámite de enmiendas parciales" pues, de otro modo, se "omite un trámite primordial en el procedimiento de producción normativa" y se "sustrae al CGPJ de una de sus competencias más genuinas y esenciales".

En este sentido, recuerdan a la institución que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre "aspectos jurídico constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales" serán sometidos a informe del CGPJ, paso que en este caso no se ha cumplido porque la reforma se ha introducido con una enmienda en el trámite parlamentario.

"Existe una doctrina jurisprudencial muy asentada en la Sala Tercera del Tribunal Supremo acerca del alcance de la omisión de los informes preceptivos no vinculantes durante el proceso de elaboración de las normas", explican las ONG, para incidir en que "el carácter constitucional y consultivo del CGPJ están fuera de duda" por lo que le son de aplicación todos los argumentos que respaldan que se consulte forzosamente al Consejo de Estado.

En la misma línea, destacan que "incluso antes de su aprobación parlamentaria, existen precedentes que avalan el reenvío de un proyecto de ley al órgano que debió evacuar el informe antes de su aprobación en el Parlamento", como ocurrió con la proposición de Ley Orgánica reguladora de la tutela cautelar penal del Grupo Parlamentario Vasco, que fue paralizado para que el CGPJ informase la iniciativa.

La enmienda del PP ya había sido criticada por dieciséis juristas, que han elaborado un informe que recoge que los intentos de justificar desde el punto de vista jurídico las expulsiones en caliente carecen de base legal sólida. Margarita Martínez Escamilla, coordinadora de la investigación, calificó la semana pasada la enmienda del PP de "nuevo episodio" para intentar dar cobertura legal a estas devoluciones.

La forma de proceder con la reforma, que tiene un "hondo calado porque afecta a los derechos fundamentales", supone "un insulto", en palabras de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense. "Una ley orgánica no se puede modificar mediante una enmienda", porque de esa forma "se impide" que órganos como el CGPJ se pronuncien, con lo que se prescinde del debate social, añadió Escamilla.  "La corrupción no es solamente que nos roben sino también que nos hagan trampas".

La catedrática ha apelado a la responsabilidad de los diputados, sobre todo del PP, y les ha pedido que "no se dejen llevar por la obediencia ciega y la disciplina de partido" al votar esta enmienda. El proyecto de ley de seguridad ciudadana fue aprobado el pasado martes por la Comisión de Interior del Congreso, con el apoyo en solitario del PP y el rechazo de la oposición en bloque, cuyos portavoces han expresado su voluntad de derogarla si llegaran al Gobierno y de recurrirla por inconstitucional.

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