Publicado: 29.04.2014 13:25 |Actualizado: 29.04.2014 13:25

La ONU urge a Mato un "cambio de rumbo" en la política sanitaria para inmigrantes

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La relatora de la ONU sobre pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda, pidió hoy al Gobierno español que "cambie de rumbo" en relación a ciertas medidas que afectan el acceso a la salud, particularmente de la población inmigrante. Recordó a las autoridades que España tiene obligaciones internacionales en cuanto al acceso a la atención sanitaria, lo que incluye a los inmigrantes independientes de su situación jurídica, es decir, si están en el país de manera legal o irregular.

"La falta de acceso de los inmigrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo", opinó. Sostuvo que si ese colectivo no recibe atención primaria de salud, entonces los servicios de emergencia, que de manera general son más costosos, sufrirán una sobrecarga.

Sepúlveda formuló esta declaración escrita, desde Ginebra, como seguimiento a una carta que remitió, conjuntamente con otros expertos de derechos humanos de la ONU, al Gobierno de España el pasado noviembre, en la que se cuestionaban los cambios que reducían el acceso al sistema de salud pública.

La relatora valoró la respuesta que recibió, aunque se distanció de los argumentos y conclusiones de España. "El gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación", puntualizó.

Agregó que "los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales". Bajo esas consideraciones, la relatora señaló que no puede considerarse que la atención sanitaria sea universal, pública y gratuita, como sostiene España. "Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para inmigrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables", enfatizó.