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La 'Operación Genil' destapa una trama de obtención de permisos de residencia

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La llamada 'Operación Genil', que investiga en Granada una estafa a la Seguridad Social en la que están implicadas más de un millar de personas, ha destapado una posible trama de obtención ilícita de permisos de residencia por parte de un número "importante" de extranjeros.

Así lo ha explicado hoy en una rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, quien ha indicado que los extranjeros supuestamente implicados en la estafa se aprovechaban de su afiliación ficticia a la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo para obtener el permiso de residencia en España.

Cruz ha apuntado que habrá que esperar al resultado de la investigación para poder precisar el número exacto de extranjeros que podrían formar parte de esta trama, así como de los trabajadores y empresarios implicados en total, que son más de un millar.

También es pronto para cuantificar el dinero defraudado a la Seguridad Social, estimado por ahora en cerca de siete millones de euros, si bien de momento sólo se han investigado cinco de las doce empresas presuntamente participantes en la estafa, por lo que esta cantidad podría aumentar, ha apostillado Cruz.

Al dinero que se ha defraudado a la Tesorería de la Seguridad Social se sumaría el de las prestaciones indebidas que al parecer algunos de los trabajadores implicados han percibido del Inem.

En diciembre pasado el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, decretó prisión provisional para uno de los dos empresarios supuestamente responsables del fraude y acordó libertad bajo fianza de 6.000 euros para el otro.

Estos dos empresarios, responsables de Otipac Obras y Reformas y Arnusa Obras y Reformas, están acusados de fraude y falsificación en documento público en el marco de la operación policial, coordinada desde Madrid.

Según la investigación, las personas que acudían a los responsables de estas empresas pagaban cerca de 500 euros por recibir un contrato falso y ser dadas de alta en la Seguridad Social, a pesar de que no se llegaba a abonar el pago correspondiente a este organismo.

El subdelegado del Gobierno ha explicado que ayer se recibió, por parte del Juzgado de Granada que instruye el caso, el requerimiento de personación como perjudicados a la Tesorería General de la Seguridad Social y del Inem.

Asimismo, ya se han designado los abogados correspondientes de ambos organismos, con el fin de poder ejercer la acusación "como corresponde" para que "los que han montado esta trama paguen de acuerdo con el alcance de la misma", ha dicho Cruz.