Otras dos personas han sido imputadas por la presunta trama de corrupción del Consorcio de Turismo Joven durante la pasada legislatura, que ayer se saldó con la detención de seis personas, de las que tres permanecen en las dependencias policiales a la espera de pasar mañana a disposición judicial.

Según ha informado a Efe fuentes policiales, los dos nuevos imputados están acusados también de delitos de presunta malversación de caudales públicos.

Las mismas fuentes han confirmado que los tres detenidos que se encuentran en las dependencias de la Jefatura Provincial de Policía, en Palma -después de que ayer los otros tres fueran puestos en libertad-, comparecerán mañana ante el juez.

Entre los seis detenidos ayer se encuentran dos ex altos cargos del Consorcio de Turismo Joven del Govern en la pasada legislatura y cuatro trabajadores de la entidad, que se enfrentan también a una acusación por prevaricación, cohecho, falsedad y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Según han informado a Efe fuentes relacionadas con el caso, entre los detenidos se encuentran el ex gerente del Consorcio Turismo Joven, Damià Amengual; el contable de la entidad, Jaime Cerdà; el jefe de Servicios y Mantenimiento de la misma, Juan Francisco Gozálbez; y la esposa de este último, María Reyes Carbonell.

El quinto detenido es Marcos Pérez Martínez, un constructor de las islas, y el sexto el dueño de una agencia de viajes cuya identidad no ha trascendido.

Fuentes policiales han señalado que los seis detenidos son "antiguos responsables, a diferentes niveles, del Consorcio de Turismo Joven de Baleares".

La principal acusación se basa en que Gozálbez habría blindado un contrato de alquiler con el Govern en la anterior legislatura -pocos días antes de que se celebrarán las elecciones autonómicas- por un valor de 300.000 euros, en concepto de la mensualidad por arrendar un local al Consorcio de Turismo Jove.

Este local figura como propiedad de una empresa ficticia a nombre del propio Gozálbez y de su esposa y el contrato rubricado implicaba que el Govern, en el caso de prescindir del local, tendría que seguir pagando la mensualidad del alquiler, fijada en 4.500 euros al mes.