Publicado: 14.04.2014 14:33 |Actualizado: 14.04.2014 14:33

Otros 30 narcotraficantes podrían ser excarcelados con la limitación de la justicia universal

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Un total de 31 presuntos narcotraficantes detenidos el último año en aguas internacionales podrían ser liberados en aplicación de la nueva reforma de la justicia universal, que limitó la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales a los casos que afecten a España, a españoles o a delitos cometidos en el territorio del país.

Todos ellos fueron detenidos a bordo de barcos extranjeros en diversas operaciones antidroga realizadas en aguas internacionales por el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria.

A estos 31 supuestos narcos habría que sumar los otros 16 ya excarcelados la semana pasada por orden de dos jueces de la Audiencia Nacional en aplicación de la reforma de la justicia universal. Se trata de ocho sirios, detenidos en el Mar de Alborán cuando navegaban a bordo del buque Mayak, en marzo pasado, y de otros ocho egipcios que habían sido apresados en el buque A la voluntad de Dios, al sureste del Cabo de Gata.

 En total, son seis las operaciones antidroga, con 47 detenidos, afectadas por esta reforma. Son 14 marroquíes detenidos en mayo de 2013 en un pesquero sin nombre; 7 sirios detenidos a bordo del buque Moon Light en septiembre de 2013; 6 marroquíes que viajaban en el Avenir de Safi II y que fueron detenidos en octubre de 2013; 4 turcos detenidos en el Berk Kaptan, en febrero de 2014; 8 egipcios detenidos en marzo de 2014 el barco A la voluntad de Dios, que han sido ya puestos en libertad tras el archivo de su causa y otros 8 sirios detenidos también el pasado marzo y ya excarcelados, del buque Mayak, mediante el archivo del caso.

La Fiscalía se opuso a ambos archivos, al entender que las normas internacionales declaran competente al Estado español y que así lo reflejaba redacción de la enmienda 32 del Grupo Parlamentario Popular que dio origen a la reforma, en concreto su justificación.

 Los argumentos de la Fiscalía figuran en un documento, al que ha tenido acceso Público, que es utilizado por los fiscales para defender la competencia de la Audiencia Nacional ante todo archivo que dicte un juez central de instrucción sobre alguno de estos casos.

El documento de la Fiscalía parte de que los Tratados internacionales forman parte de las normas internas de España, como reconoce la Constitución. Dentro de esos tratados, la Fiscalía encuentra tres convenciones de Naciones Unidas que amparan la competencia de España para juzgar a supuestos narcotraficantes, detenidos en aguas internacionales a bordo de un barco de bandera extranjera o sin bandera -esto es, que el barco no sea suelo español-, incluso aunque el tráfico no tenga por objeto el mercado español.

Pero, además, la Fiscalía ancla su argumentación en la justificación de la enmienda 32 del Grupo Parlamentario Popular que dio origen a la limitación de la justicia universal.

El PP utilizó la vía parlamentaria para reformar el pasado marzo la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 23.4 y limitar la aplicación de la justicia universal en España. Por medio de esta vía, consiguió una reforma exprés y eludió los informes al respecto del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, así como de la propia Fiscalía.

 La reforma del PP ya vigente proclama expresamente que la justicia española sólo se aplicará en los casos de tráfico de drogas siempre que el procedimiento se dirija contra un español, el delito se vaya a cometer en territorio español o sean grupos que actúen con miras a la comisión del delito en España.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta reforma no restringe los casos de narcotráfico cometidos en alta mar, sino que, por el contrario, "amplía la jurisdicción española para conocer estos delitos". En concreto, sostiene que la norma vigente sí que declara competente a la justicia española en los casos de piratería, terrorismo, tráfico de drogas, trata de seres humanos y delitos contra la navegación marítima que se cometan en el agua "en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España".

"Dicha redacción definitiva coincide con la enmienda número 32 presentada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados", sostiene el documento de la Fiscalía, que justifica la reforma como "mejora técnica de la regulación de la jurisdicción en casos de piratería y otros delitos cometidos en los espacios marinos y en un reforzamiento de la lucha contra el crimen organizado".

La Fiscalía ancla sus argumentos en las siguientes normas internacionales:

- La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Montego Bay, 1982) que proclama que todos los estados cooperarán para reprimir el tráfico ilícito de drogas en buques que circulen en alta mar.

- La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes (Viena, 1988), que incluye que cada país podrá adoptar las medidas necesarias para declararse competente ante estos delitos y que, además, podrá adoptar medidas si se lo autoriza el país donde esté abanderado el buque o en el caso de no enarbole o lleve matrícula alguna.

-Co- La Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Palermo, diciembre de 2000), que establece que los firmantes podrán ejercer sus competencias penales de conformidad con el derecho interno.

Fiscalía y especialistas antidroga escudriñan seis operaciones para delimitar si tienen alguna vinculación con España -al menos una parada técnica en un puerto español-, así como las millas exactas en las que el barco en cuestión fue apresado, con el objetivo de evitar un posible archivo del sumario.  Estas seis operaciones fueron realizadas en aguas internacionales por el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Los tripulantes detenidos forman parte de supuestos grupos organizados que operan en una nueva ruta del tráfico de hachis llamada ‘ruta del Mediterráneo oriental". Esta nueva ruta conecta los países del norte de África con el espacio marino comprendido entre Francia, Italia y España.

Mayo de 2013. Pesquero egipcio sin nombre, 14 marroquíes detenidos. 16 toneladas de droga. El pesquero estaba a 65 millas náuticas al sur de Málaga.

Este caso ha sido elevado al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que adopte una resolución al respecto. La Fiscalía ha presentado un recurso en el que se muestra a favor de la competencia de la Audiencia.

Septiembre de 2013. Barco Moon Light, 7 sirios detenidos en la operación Selene. Incautadas 11,8 toneladas de droga. El barco estaba a 25 millas náuticas, entre Málaga y Almería.

Este caso está pendiente del informe de la Fiscalía, antes de elevarlo al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia.

Octubre de 2013.  Buque Avenir de Safi II, 6 marroquíes detenidos en la operación Lamed. Incautadas 10,8 toneladas de droga. El barco estaba a 50 millas al sureste de Cartagena.

Febrero de 2014. Barco Berk Kaptan, 4 turcos detenidos en la operación Bósforo. El barco, con 12 toneladas de droga, estaba entre 25-30 millas al norte de Melilla.

Marzo de 2014. Barco A la voluntad de Dios, 8 egipcios detenidos en la operación Otero. El buque llevaba a bordo 9,8 toneladas de droga, y navegaba a 60 millas al sureste del Cabo de Gata.

El titular del juzgado central de instrucción 4, Fernando Andreu, dictó el 8 de abril un auto de archivo de este sumario por falta de jurisdicción de los tribunales españoles. El juez rechaza los argumentos de la Fiscalía y no estima aplicable la Convención de Viena de la ONU porque propugna la cooperación entre los países firmantes, pero no determina la competencia. Y el legislador español la ha excluido de nuestra jurisdicción penal.

Marzo de 2014. Mercante Mayak, 8 sirios detenidos en la operación Oriente. El barco llevaba a bordo 14,6 toneladas, tenía bandera de Sierra Leona y navegaba por el Mar de Alborán. El juez central de instrucción 3, Javier Gómez Bermúdez, dictó el pasado viernes, 11 de abril, un auto por el que archiva la causa.

El juez rechaza también los argumentos de la Fiscalía y aplica  lo dispuesto por el legislador español, que ha excluído de la competencia de estos casos a los tribunales españoles. Bermúdez considera que no concurren los supuestos comprendidos en la Convención de Viena de la ONU, porque ésta propugna la cooperación entre los Estados parte en la Convención, pero "ni afecta ni determina la competencia de los mismos".