Oxfam y Save the Children, dos de las diez organizaciones humanitarias expulsadas de Sudán, han advertido de que esa acción del Gobierno de Jartum pone en peligro cientos de miles de vidas en el país africano.

Las expulsiones son una reacción del gobierno sudanés a la decisión de la Corte Penal Internacional de ordenar la detención del presidente de ese país, Omar al Bachir, por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto de Darfur.

Oxfam confirmó que se le ha revocado la licencia que tenía de las autoridades sudanesas para trabajar en el norte del país y anunció que recurrirá esa decisión de Jartum.

"Si se revoca la licencia de Oxfam, se verán afectados más de 600.000 sudaneses a los que proveemos diariamente de ayuda humanitaria y al desarrollo vitales, incluida agua limpia", advirtió Penny Lawrence, directora internacional de esa ONG.

"Cuatrocientas mil de esas personas están afectadas por el conflicto de Darfur. La gente sigue huyendo de la violencia (en esa región) y las necesidades humanitarias son enormes", dijo Lawrence, según la cual también se verán afectados otros 200.000 pobres del este del país y de la región del estado de Jartum.

Un portavoz de Oxfam dijo que esa organización "es independiente e imparcial y no tiene relación alguna con la Corte Penal Internacional ni opina sobre sus actividades, sino que se dedica exclusivamente a atender las necesidades humanitarias y de desarrollo de Sudán".

La organización, que opera en el norte del país africano desde 1983, cuenta allí con 450 colaboradores, el 90 por ciento de los cuales son nativos.

Por su parte, el director de operaciones internacionales de la sección británica de "Save the Children", Ken Calwell, dijo haber recibido también una notificación de Jartum en el sentido de que debe suspender todas las actividades en Sudán.

"Esto tiene implicaciones muy preocupantes para los 50.000 niños a los que prestamos actualmente apoyo en Jartum y el noreste del país", explicó Caldwell, según el cual esos menores, muchos ellos obligados a huir de sus casas por el conflicto de Darfur, son muy vulnerables.

"No sabemos cómo va a terminar todo esto, pero lo que sí sabemos es que si se nos obliga a suspender nuestra labor allí, peligrarán las vidas de miles de niños", agregó.

Save the Children lleva más de cuatro años sin trabajar en la región de Darfur, desde que murieron cuatro de sus colaboradores víctimas de un ataque, pero ha seguido haciéndolo en el noroeste del país y en los campamentos en torno a Jartum.