Las administraciones vascas defendieron hoy ante el Tribunal de Justicia de la UE su capacidad de dictar medidas fiscales, una potestad que le niegan las comunidades vecinas de La Rioja y Castilla y León, y también la Comisión Europea.

La disputa sobre la autonomía fiscal vasca y su apuesta por aplicar tipos impositivos más bajos y deducciones adicionales a las empresas domiciliadas en su territorio volvió hoy a la corte europea, que debe responder a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Los jueces europeos tienen que aclarar, a la luz de una reciente sentencia sobre el sistema tributario de las islas Azores (Portugal), si las Haciendas forales vascas cumplen los requisitos para aplicar una fiscalidad diferenciada o si, por el contrario, las rebajas de impuestos suponen una ayuda de Estado que debe autorizar Bruselas.

Según ese fallo, para aceptar un sistema impositivo propio, éste ha de tener encaje en la Constitución del Estado; el poder regional que apruebe las normas debe tener autonomía para dictarlas, es decir, no requerir autorización del Estado, y la hipotética caída de los ingresos no debe ser compensada por la Administración central.

La Rioja y Castilla y León, apoyadas por la Comisión Europea, creen que la aplicación de un tipo del Impuesto sobre Sociedades más bajo que el del régimen general rebasa las competencias que atribuye a las administraciones vascas el Concierto Económico y aseguran que, en la práctica, equivale a una ayuda de Estado, pues son las arcas estatales las que lo sufragan.

Tanto los abogados de la Comisión como los que representan a los Gobiernos castellano-leonés y riojano y a UGT de La Rioja incidieron en que Euskadi obtiene del Estado más de lo que aporta, debido al incorrecto método de cálculo del Cupo Vasco.

Subrayaron el "secretismo" que rodea a la negociación del Cupo -que regula la aportación de las administraciones vascas al Estado por los servicios comunes no asumidos por la Administración autonómica- y coincidieron en que se infravaloran los gastos estatales y se sobrevalora la compensación vasca, lo que resulta en una "transferencia directa" a las Haciendas vascas.

Los letrados comunitarios apuntaron que si las administraciones vascas pagaran lo que realmente les corresponde "quizás no podrían afrontar bajadas de impuestos".

En su respuesta, el abogado de la parte vasca rechazó los "discursos tendenciosos" e "informaciones interesadas" dirigidas a tergiversar el objetivo del proceso y aseguró que cualquier eventual pérdida de financiación derivada de las rebajas fiscales es asumida por el País Vasco.

Tanto este letrado como el que representa a la patronal vasca (Confebask) aseguraron que los vascos contribuyen a las arcas estatales más que la media nacional y reseñaron que la cuantía del Cupo no varía en función de la recaudación fiscal, sino que depende del nivel de renta y de los gastos sufragados por el Estado.

El representante de UGT de La Rioja reseñó, por su parte, las consecuencias que la ventajosa fiscalidad vasca tiene para los trabajadores de las comunidades vecinas que ante la "deslocalización" empresarial se ven abocados a elegir entre un traslado forzoso o la pérdida del empleo.

La delegación vasca negó, sin embargo, que las rebajas tributarias propicien el traslado de empresas y aseguró que también hay compañías que se van del País Vasco a las comunidades vecinas.

Por parte del Gobierno central, su abogada defendió la capacidad de las diputaciones forales para tomar decisiones fiscales y garantizó que los flujos financieros entre el Estado y las Haciendas vascas no se ven alterados por esas modificaciones tributarias.

Según la representante legal de España, los territorios históricos regulan su propio régimen tributario, siempre dentro de los límites que marcan la Constitución y el Concierto Económico, sin intervención alguna del Gobierno central.

Recalcó que el Ejecutivo no tiene capacidad para modificar sus normas y sólo puede recurrirlas ante los tribunales, y dejó claro que las provincias vascas no son compensadas por el Estado si esas decisiones les suponen una disminución de los ingresos.

También intervino en la vista, en apoyo de las tesis vascas, el Reino Unido, que tiene varias regiones con competencias fiscales que quiere conservar.