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Pakistán, incapaz de hacer justicia con las víctimas del terrorismo

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Una serie de absoluciones en casos de terrorismo como el ataque al Hotel Marriott de Islamabad son el último recordatorio de la ineficacia de los cuerpos investigadores y la dificultad para impartir Justicia en Pakistán, donde sólo en 2009 unas 3.000 personas murieron en atentados.

Ni siquiera atentados de la importancia política como el que a finales de 2007 costó la vida de la ex primera ministra Benazir Bhutto en Rawalpindi han resultado aún en una condena: este caso sigue en fase de investigación.

Otro caso espectacular como el ataque al Marriott en septiembre de 2008, que convirtió Islamabad en una ciudad blindada, terminó recientemente con la absolución de cuatro imputados.

Idéntica ha sido la conclusión del proceso por ataques como el de la academia policial de Lahore (este) en marzo de 2009 o el complejo aeronáutico de Kamra (noreste) en diciembre de 2007.

En total, 41 presuntos terroristas no llegaron a ser procesados o fueron absueltos en ocho grandes casos por ataques de los últimos tres años cerrados desde marzo pasado.

Estos casos, cuyo seguimiento hizo la revista "Herald" en su número de julio, son una muestra de la virtual impunidad de los actos de terrorismo en Pakistán, pese a las constantes promesas de Justicia de las autoridades.

Fuentes judiciales y defensores de los derechos humanos consultados por Efe opinan que los tribunales son incapaces de emitir condenas porque las pruebas y testimonios presentados son a menudo insatisfactorios, irrelevantes o contradictorios.

Para el abogado Shaukat Aziz Sidiqui, quien se encargó de la defensa del clérigo de la Mezquita Roja Abdul Aziz, liberado en 2009 aunque la opinión pública lo ve como un claro instigador a la violencia que se sembró en ese templo, la interferencia de los diferentes servicios secretos militares es un factor clave.

"En muchos casos, la acusación yerra a la hora de probar las acusaciones, pues aquellos que llevan a cabo los interrogatorios (los servicios secretos) y recogen las pruebas no aparecen luego en el tribunal", explicó Aziz.

En palabras de una fuente de seguridad occidental, estos cuerpos, a diferencia de la Policía, "pueden hacer con los detenidos lo que les dé la gana", una opinión con la que coincidió Aziz, quien subrayó que los servicios secretos "trabajan más allá de la ley".

Portavoces del Ejército consultados por Efe rehusaron comentar esas opiniones.

La Policía es criticada por utilizar métodos de investigación desfasados y recurrir en exceso a los testimonios: a menudo, las confesiones de los presuntos responsables son la única prueba sobre la que se levanta la acusación.

Según Aziz, la Policía cree que con la confesión de un sospechoso, obtenida en ocasiones a través de métodos de dudosa legalidad, "ya no hay necesidad de recoger más pruebas".

"Hay una carencia de buen conocimiento forense, algo que debería mejorar, pero sobre todo debería cambiar la perspectiva", dijo.

"En cualquier país desarrollado, la Policía llega a dar con el culpable a partir del escenario del crimen. Pero en Pakistán, empezamos con los acusados y, tras haberlos golpeado, intentamos extraerles pruebas", admitió un alto cargo policial citado por "Herald".

Un ejemplo de esta tendencia es la actuación de las fuerzas de seguridad tras el doble atentado suicida de principios de este mes en la región tribal de Mohmand, en la frontera con Afganistán, donde más de un centenar de personas perdieron la vida.

Las autoridades hicieron redadas en la cercana Peshawar y sus alrededores y arrestaron a casi 600 sospechosos, incluido algún periodista, entre quejas de familiares y vecinos.

"Desde un punto de vista técnico es una barbaridad. No procede una acción de estas características. Eso no es lucha antiterrorista", subrayó a Efe la fuente de seguridad occidental.

Son actuaciones que pretenden demostrar cierta autoridad ante la ciudadanía, que para los observadores externos no contribuyen más que a aumentar la mala fama de la Policía paquistaní.

Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, en el norteño valle de Swat, donde en verano de 2009 concluyó el grueso de una operación militar antitalibán, las autoridades retenían en mayo pasado en prisión a más de 2.500 individuos no procesados.

En el último año, sólo se dictaron 57 sentencias frente a las 2.800 denuncias presentadas contra presuntos insurgentes en Swat.