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Pakistán recibe el 55 por ciento de la ayuda pedida por la ONU, aunque es insuficiente

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La financiación del llamamiento de urgencia de 460 millones de dólares efectuado por la ONU para asistir a Pakistán ha alcanzado el 55 por ciento, aunque la cantidad inicialmente demandada será revisada en las próximas semanas al resultar insuficiente para afrontar la magnitud del desastre.

"El 55 por ciento de los 460 millones de dólares ya está en manos de Pakistán", dijo hoy en rueda de prensa en Ginebra Elyzabeth Byrs, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU (OCHA).

Sin embargo, Byrs destacó, como ya hizo ayer el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), que esta cantidad, que se estipuló para cubrir "un plan de urgencia de tres meses", es insuficiente, por lo que adelantó que será revisada en las próximas semanas.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también destacó ayer en una reunión especial de la Asamblea General que, aunque las organizaciones humanitarias internacionales se han movilizado al máximo, necesitan "un apoyo masivo adicional", y calificó las inundaciones en Pakistán de "un 'tsunami' a cámara lenta".

Así, cada día aparecen nuevos datos que ponen de relieve el dramatismo de un desastre que ya se ha cobrado la vida de cerca de 1.500 personas y ha dejado alrededor 20 millones de damnificados, según datos de las autoridades refrendados por la ONU.

En pleno esfuerzo internacional para aumentar las ayudas a las peores inundaciones de Pakistán de los últimos ochenta años, el portavoz de UNICEF, Marcos Jiménez, declaró que la agencia de la ONU para la infancia está "al límite de sus capacidades".

"A menos que la comunidad internacional responda con urgencia, más de 3,5 millones de niños afectados por las inundaciones estarán en riesgo de contraer disentería, diarrea y cólera".

Al respecto, el director de coordinación de respuesta sanitaria ante crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López-Acuña, añadió que todavía no ha sido registrado "ningún caso de cólera" y que los más de 125.000 afectados por diarrea aguda "no dan pie a hablar de una epidemia".

"Los riesgos de estas enfermedades pueden ser combatidos por medio de prevenciones muy básicas, como facilitar el acceso al agua potable y una adecuada higiene", añadió.

Estas tareas se dificultan debido a la destrucción de más de 200 instalaciones sanitarias que la OMS insta a ser reconstruidas de forma urgente, a la vez que informó de que más de siete millones de personas necesitan asistencia sanitaria de emergencia.

Por su parte, Emilia Casella, portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PAM), destacó que esta agencia tiene una urgente necesidad de helicópteros para poder aumentar su ayuda alimentaria, que hasta ahora ha podido alcanzar a 1,2 millones de personas.

"Lo más urgente es reforzar de manera masiva nuestra capacidad de distribución aérea", añadió Casella.

El PAM dispone, por el momento, de 15 aparatos para sus distribuciones por aire, imprescindibles para llegar a las personas que se encuentran en zonas de difícil acceso.

Las inclemencias del tiempo han dejado, dijo Casella, a más de seis millones de personas con necesidad de recibir ayuda alimentaria.

Otra fuente de preocupación radica en los refugiados afganos en Pakistán, que con 1,7 millones forman una de las comunidades más grandes del mundo y se ha visto también afectada por las inundaciones, alertó Adrian Edwards, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Más de 1,5 millones de los 1,7 presentes en el país vecino se encuentra en las provincias afectadas por las inundaciones, algunos de los cuales "están siendo coaccionados por parte de especuladores locales para retirarles la tierra que se destinaba a campamentos de refugiados", dijo Edwards.

Ante la inefable dimensión de la catástrofe, el director de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la reducción de Desastres (UNISDR), Salvano Briceño, comunicó que "si la gente no se hubiese asentado frente a los ríos, la tragedia habría sido indudablemente menor"

"Esto requiere que los gobiernos, a todos los niveles, locales y nacionales, hagan correctas evaluaciones de riesgos para evitar que la gente se asiente en estas áreas", concluyó Briceño.