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Los parados que no colaboren en la lucha contra el fuego podrán perder su prestación

El decreto ley de medidas contra los incendios contemplan que las Administraciones Públicas y las ONG puedan requerir la ayuda de los desempleados.

AGENCIAS

El Gobierno ha aprobado este viernes un plan integral para paliar los daños ocasionados por los numerosos incendios ocurridos este verano en España,  que incluye el uso de desempleados para ayudar a la extinción o los trabajos de recuperación tras las catástrofes naturales. Pero el Ministerio de Empleo ha señado que los desempleados que no colaboren en estas tareas podrían perder su prestación, de acuerdo con una ley de 1994.

'Existe la posibilidad de que administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro puedan requerir a personas paradas para que hagan trabajos de colaboración social', dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete. 'Son zonas muy amplias y, si es posible, contar con la colaboración en las tareas de limpieza con personas que reciben prestación por desempleo, el decreto permite que las administraciones y organizaciones no gubernamentales las empleen de esta manera', ha agregado sin dar más detalles.

El Ministerio de Empleo ha precisado que los desempleados solicitados por administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro seguirán cobrando la prestación por desempleo. La cantidad que cobren estará siempre por encima del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 641,40 euros. Igualmente, el Ministerio ha precisado que, en caso de accidente laboral durante el desempeño de las tareas requeridas, la administración o entidad que haya requerido su colaboración se haría cargo del desempleado al pagar sus cotizaciones.

Según fuentes del Departamento de Fátima Báñez, la normativa reguladora de estos trabajos de colaboración social en España está integrada por el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que se configura desde entonces como una obligación para los perceptores de prestaciones por desempleo. El Ministerio ha precisado que debe tratarse de trabajos de utilidad social, tienen que redundar en beneficio de la comunidad, y deben tener carácter temporal y coincidir con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador desempleado, sin implicar cambio de residencia del trabajador. En caso de negativa o incumplimiento de obligaciones por parte del desempleado será aplicable el régimen sancionador previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

 

Además, Sáenz de Santamaría  ha señalado que  el decreto ley de medidas sobre los incendios cubrirá no sólo las catástrofes ocurridas hasta la fecha, sino que se amplía a los fuegos que puedan producirse hasta el 1 de noviembre, que es cuando finaliza la temporada de incendios forestales. El decreto contempla ayudas para daños personales, materiales y enseres; ayudas a personas físicas y jurídicas; ayudas para el alquiler, reparación y reconstrucción de viviendas para propietarios, inquilinos y comunidades de propietarios para los espacios comunes; subvenciones por daños en infraestrucruras municipales, en la red viaria de diputaciones y cabildos por las que se podrá cubrir hasta el 50 por ciento de su coste.

También incluye medidas fiscales, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los inmuebles gravemente dañados o reducciones en el impuesto de actividades económicas correspondiente a 2012. Además, las ayudas estarán exentas del IRPF y habrá reducciones fiscales importantes para las actividades agrarias.

Si bien ha indicado que el Gobierno no cuenta con una estimación del coste de estas medidas, porque está a la espera de que las comunidades afectadas valoren el alcance de estos desastres, también ha asegurado que se ha solicitado la aplicación del Fondo de Solidaridad Europeo, que ya se ha tramitado para el fuego de Valencia y 'posiblemente' se amplíe a otras zonas.

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