Publicado: 04.12.2013 16:10 |Actualizado: 04.12.2013 16:10

Paralizada la expulsión de una mujer que denunció haber sido violada

Cuando acudió a urgencias tras la agresión, la Policía redactó un atestado contra la víctima por simulación de delito que motivó la apertura de un procedimiento judicial que continúa en marcha, se

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El Gobierno ha paralizado la expulsión de un mujer rusa que había denunciado haber sido violada tras la intervención de la Defensora del Pueblo, que ha pedido que sea estudiada su situación. La actuación se produjo a instancias de la Fundación Aspacia, dedicada a la defensa de mujeres violadas, que había reclamado a Soledad Becerril que pidiera la paralización de la expulsión por la situación administrativa irregular de V.R., que se encuentra viviendo en Ourense, junto a su pareja, de origen español.

La mujer tenía un procedimiento de expulsión desde el año 2010, aunque siguió trabajando en España y, tras conocer a su pareja, se instaló en Galicia. Allí sufrió una violación por parte de dos hombres en marzo de 2013, según Bárbara Tardón, portavoz de Aspacia. Cuando V.R. acudió a urgencias para recibir asistencia por la agresión, la Policía no dio crédito a su denuncia y envió un atestado contra la víctima por simulación de delito. Posteriormente,  se abrió un procedimiento judicial que continúa en marcha, explica la organización, que subraya que no llegó a ser citada por el juzgado para comparecer como víctima. "A partir de ese momento empieza un infierno, la Policía va a su casa y la traslada al Centro de Internamiento de Aluche [en Madrid], donde permanece 48 días".

V.R. volvió a su domicilio de Ourense, hasta que la Policía volvió a detenerla hace unos días para proceder a su expulsión, prevista para esta mañana, en el primer avión que salía hacia Rusia. Desde la Defensora del Pueblo se remitió esta madrugada una petición a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que se estudie con detalle todo el caso y se aplace mientras tanto la expulsión.

V.R., de 52 años, participó en el informe Entre el miedo y la desprotección. Mujeres migrantes en situación administrativa irregular frente a la violencia sexual en España, presentado por Aspacia hace diez días, en el que relataba su caso, contándolo en primera persona y con el nombre ficticio de Olga. Explicó cómo, tras violarla y golpearla, los agresores le dejaron en el monte desnuda y que llegó en ambulancia al hospital, que le remitió un mes después una factura de 893,83 euros por las tres intervenciones médicas que recibió tras la agresión.

Aspacia señala que, pese a la paralización de la expulsión, sigue bajo custodia policial y exige su puesta inmediata en libertad. Si no se produce en las próximas horas, presentarán un habeas corpus por detención ilegal.