La ley de la vergüenza ya es una realidad. El Parlamento aprobó este jueves la nueva Ley de Extranjería, con el apoyo del PSOE, CiU y Coalición Canaria y la oposición del PNV, UpyD, ERC, IU-ICV y Nafarroa Bai.

Tal y como avanzaron los portavoces de los grupos durante el debate parlamentario, al que asistió el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, la ley recibió el respaldo final del Congreso, después de que el Senado la aprobara por 127 votos a favor y 126 en contra.

Corbacho, que definió la norma como 'una buena ley porque corrige elementos que discriminaban', aseguró que la nueva normativa 'mejora los procesos para conseguir el objetivo de que la inmigración sea legal y ordenada, y potencia los elementos de la integración'.

A su juicio, España tiene dos retos, por un lado apostar por una inmigración legal dentro de un contexto europeo y, por otro, apostar 'decididamente' por un proyecto de integración para construir una sociedad 'rica y plural'.

Mientras se votaba la nueva norma en el Parlamento, en las puertas del Congreso un grupo de personas en representación de medio centenar de ONG y asociaciones se concentraron portando pancartas y ataviados con monos de color naranja como los que visten los prisioneros de la cárcel de Guantánamo para protestar por la reforma de la Ley de Extranjería que se aprobará a lo largo de la mañana.

Los manifestantes leyeron una carta conjunta dirigida a los diputados en la que se define la reforma como 'una apuesta por el control policial y por crear instrimentos que legitimen las políticas de restricción de derechos'. En declaraciones a los medios, la portavoz del grupo, Alexia Angeline, explicó su desacuerdo con la ampliación a 60 días del plazo máximo que un extranjero puede estar privado de libertad en un Centro de Internamiento (CIE) mientras se tramita su expulsión del territorio nacional, lo que juicio de estos colectivos es 'inadmisible'.

El mismo calificativo utilizó para el tratamiento que da a la violencia de género la nueva ley. En su opinión 'es intolerable' que la policía abra expediente de expulsión a las víctimas en situación irregular que acudan a denunciar aunque este no vaya a ejecutarse, porque, en su opinión, la simple incoación 'desincentiva la denuncia'. Angeline criticó también la restricción de la reagrupación familiar al cónyuge o análogo e hijos menores, previsión normativa que consideró 'absolutamente injustificable' porque lesiona gravemente el derecho a la vida en familia y la vida privada y se perjudica a las familias', tanto las que están en los países de origen como las que están ya en España.

La protesta se desarrolló sin incidentes y se prolongó durante algo más de 40 minutos, cuando los manifestantes se disolvieron entre gritos de 'no a los centros de internamiento' o 'ninguna persona es ilegal'