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A pecho descubierto contra los recortes en la prevención del cáncer

Alrededor de 20 mujeres protestan en Zaragoza contra el traslado de dos mamógrafos y un ecógrafo de un centro médico de especialidades a un hospital.

ANNA FLOTATS

El pasado 9 de octubre una veintena de personas trató de evitar que el Centro Médico de Especialidades (CME) Pablo Reamacha de Zaragoza se quedara sin mamógrafo. Conocedores de que la Consejería de Sanidad quería llevárselo al Hospital Universitario Miguel Servet, los manifestantes llevaban varias noches custodiando el centro, pero hace dos semanas, la Policía desalojó a los activistas para que los operarios puediesen retirar la maquinaria. Este viernes, 20 mujeres se han manifestado contra esta decisión y, sobre todo, contra 'los salvajes recortes en Sanidad y especialmente contra las mujeres'. Distribuidas por las escaleras del Paraninfo de la capital aragonesa, enlazaron sus brazos mostrando sus pechos y, en algunos casos, incluso sus cicatrices tras haber sido operadas.

Los activistas recuerdan que los aparatos que la consejería ha trasladado del CME Pablo Remacha al Hospital Miguel Servet son 'esenciales en la detección del cáncer de mama y genital' y advierten de que las listas de espera en la sanidad, ya de por sí enormes, 'aumentarán mucho debido a este traslado, que afecta a miles de persones en su área de influencia'. Maribel Martínez, una de las mujeres que se manifestó este viernes y vio como hace unas semanas se llevaron la maquinaria del CME 'a patada limpia, con alevosía, nocturnidad y desprecio a la opinión mayoritaria de los usuarios', insiste en la agresión que supone esta decisión para las mujeres. 'Nos están castigando por todas partes, el Gobierno dicta leyes para que no podamos ejercer libremente nuestro derecho al aborto, quieren decidir con quién compartimos nuestra vida y cómo tenemos tenemos nuestros hijos', denuncia.

En Madrid, la prevención del cáncer de mama acumula ya siete meses de retraso. 30.000 mujeres se han quedado sin sus mamografías preventivas debido a 'dificultades administrativas', según el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.

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