El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió el jueves a trámite la petición de la Fiscalía para investigar la trama "jurídico financiera" en torno a la liberación del atunero vasco "Alakrana" y tomará declaración a los marineros una vez lleguen a España, informaron fuentes judiciales.

ocho en cada comunidad.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el miércoles una investigación sobre la trama "jurídico financiera" que llevó a la liberación del "Alakrana" el día anterior y también solicitó la comparecencia como testigos de los marineros.

En su solicitud, la Fiscalía pedía a Pedraz que se investigue a "intermediarios" y a "todos los que pudieron participar" en las negociaciones que tuvieron lugar para poner fin a un secuestro que ha durado 47 días y si efectivamente se produjo el pago de un rescate.

Los 36 tripulantes del "Alakrana", secuestrado el 2 de octubre en aguas del océano Índico por piratas somalíes, fueron liberados el martes. Según los piratas, la liberación de produjo tras acordarse un rescate de 3,5 millones de dólares (unos 2,3 millones de euros).

El Gobierno no ha querido pronunciarse sobre el hipotético pago y sostiene que ha trabajado dentro de la legalidad, aunque declaró que ha cooperado con el armador de la embarcación.

El miércoles la Fiscalía solicitó también la apertura de juicio oral contra los presuntos piratas Cabdullahi Cabduwilly (alias Abdu Willy) y Rageggesy Hassan Aji (alias Raageggsy Admi Haman), que fueron detenidos por la fragata española Canarias poco después del secuestro del "Alakrana", agregaron las fuentes.

Ambos están en prisión provisional bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional, y el martes comparecieron ante el juez Pedraz, quien les comunicó su procesamiento por 36 delitos de detención ilegal, un robo con violencia en las personas y uso de armas.

Según reveló un auto difundido el lunes, se les ha retirado el delito de asociación ilícita, con lo cual existe la posibilidad de que puedan cumplir una pena inferior a seis años y ser expulsados de España si se aplicara la Ley de Extranjería, explicaron fuentes judiciales.