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Los pinchazos a abogados no son exclusivos de la Gürtel

Los letrados no protestan porque las conversaciones irrelevantes se destruyen

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El levantamiento del secreto del caso Gürtel ha puesto a los abogados en pie de guerra, y no sólo a los personados en el proceso. El motivo: entre las 17.000 páginas, cuyo contenido se conoció el 6 de octubre, había 187 con las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez Baltasar Garzón a los tres imputados encarcelados e incluían las conversaciones que mantuvieron con sus abogados. Garzón, a petición de las fiscales Anticorrupción, ordenó que se destruyeran las que se referían a estrategia de defensa. El problema: una de las charlas no se eliminó y se hizo pública en los medios.

El primero en reaccionar fue el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). En un comunicado afirmaba que este tipo de intervenciones están reservadas por la ley 'de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado'.

La polémica fue utilizada por el PP para afirmar que con los imputados en el caso Gürtel se habían utilizado métodos sólo previstos para terroristas, dando por sentado que este tipo de intervenciones sólo se dan en estos delitos.

Pero la realidad demuestra que este argumento no es cierto. Hay otras causas en que se intervienen las comunicaciones entre los letrados y sus defendidos, aunque estos no sean terroristas. También se ha hecho en la causa contra la mafia rusa instruida por Garzón y en el asesinato de Marta del Castillo. El pasado día 4, en el juicio del caso Avispa contra la mafia rusa, el ex abogado del presunto cabecilla denunció que se habían intervenido sus conversaciones con su cliente y pidió al tribunal que la sentencia siente un precedente que sea aplicable a la Gürtel.

En el caso de Marta del Castillo se alegan 'razones humanitarias'

En el caso de la joven sevillana, las conversaciones entre el presunto asesino, Miguel Carcaño, y su abogada se intervinieron para tratar de encontrar el cadáver. Por eso apenas hubo protestas. Sólo la progresista Asociación Libre de Abogados, al sumarse al comunicado del CGAE, criticó que la institución se hubiera pronunciado en la Gürtel y no en el caso por la muerte de Marta Castillo.

El Colegio de Abogados de Madrid anunció querellas contra Garzón y las fiscales del caso, si no actúan el Ministerio Público o el Consejo General del Poder Judicial, una opción poco probable, porque la Fiscalía del Estado y la Asociación de Fiscales salieron en defensa de sus representantes.

El Colegio, de cuya junta forma parte uno de los catedráticos personados en la Gürtel, amparaba en su escrito, incluso, a los dos abogados formalmente imputados.

El decano sevillano, José Joaquín Gallardo, se refirió a las intervenciones en el 53 congreso de la Unión Internacional de Abogados, que se solidarizó con el Colegio madrileño. Gallardo criticó las de Garzón, pero en las relativas a Marta del Castillo dijo que eran un asunto 'escandaloso', aunque con un objetivo humanitario: descubrir el cadáver.

La ley autoriza las escuchas para descubrir algún hecho importante

Los jueces admiten que intervenir las conversaciones de los imputados presos se realiza en otros casos, sobre todo de terrorismo, narcotráfico y los delitos de guante blanco, en los que hay grandes cantidades de dinero en juego. Pero se cuidan de poner ejemplos para no dar la posibilidad a los abogados de solicitar la nulidad de las actuaciones o de las investigaciones que surjan de la intervención, como ha hecho ya en la Gürtel José Antonio Choclán, el abogado de Francisco Correa.

Aseguran que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no pone trabas a las intervenciones de presos, aunque las conversaciones con sus abogados no se graben o se destruyan 'por prudencia'. La norma dice que 'el juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa'. Saber dónde ha ido el dinero de la Gürtel puede incluirse en el supuesto.

Algunos jueces atribuyen a corporativismo la reacción de los abogados, que ven 'desmesurada', y recuerdan que en esta causa ejercen la defensa prestigiosos catedráticos, ex fiscales y ex jueces de la Audiencia Nacional.

También apuntan a que, en ocasiones, la línea que separa la estrategia de defensa de la complicidad es muy débil y una licenciatura en Derecho no es una patente de corso, que libra de ser juzgado aunque se colabore en los negocios irregulares del cliente.

Para la Asociación Libre de Abogados está claro: ningún juez es quién para decir qué es estrategia de defensa y qué no. En su opinión, admitir estas escuchas en cualquier caso supone que 'mañana se legalice la tortura, porque el fin justifica los medios'.

Casi dos tercios del caso Gürtel sigue bajo secreto. Y cuando el juez Antonio Pedreira lo levante, puede que haya sorpresas: que las polémicas intervenciones telefónicas hayan seguido o que algún abogado sea ahora imputado.

Autorización judicial
Las intervenciones de las comunicaciones de los presos siempre son acordadas por orden judicial. Según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1983, sólo las comunicaciones de presos de terrorismo podrán ser grabadas por decisión del director del centro, “dando cuenta a la autoridad judicial correspondiente”.

Control en el juzgado
Las Fuerzas de Seguridad son las que se encargan de materializar las intervenciones. Si entienden que una conversación tiene carácter íntimo dejan de grabar o no trascriben su contenido. Las transcripciones son remitidas al juzgado, junto a un informe de conclusiones. Es el juez quien determina si hay conversaciones que no se deben incorporar al por no ser relevantes.