El cerco a los iconos urbanísticos de la era Gil se estrecha cada vez más. La sombra de la piqueta planea con más intensidad sobre medio millar de viviendas habitadas de imposible legalización. El pleno del Ayuntamiento de Marbella aprobará provisionalmente el miércoles el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad.

El texto que será llevado a pleno es el mismo que el propuesto por el equipo redactor de la Junta de Andalucía, ya que el Ayuntamiento, contrariamente a sus pretensiones iniciales, ha renunciado a introducir modificaciones que la Administración autonómica habría rechazado, demorando aún más la aprobación del PGOU prevista para octubre.

Desde el Consistorio han dado marcha atrás, entre otras, a las propuestas de normalización de varios símbolos del gilismo, como las promociones Banana Beach y las situadas en las zonas de La Víbora, Río Real y Las Chapas, construidas en la franja litoral.

Precisamente uno de los criterios rectores del nuevo PGOU es la recuperación de la franja litoral invadida por edificaciones ilegales. Fuentes de la Junta explicaban ayer a Público que ahí no puede aplicarse el mecanismo de compensación previsto en otros casos en la ley. 'La franja litoral hay que recuperarla', subrayaban.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, consideraba recientemente al respecto que las modificaciones que tenía en mente hacer el Ayuntamiento y aprobarlas en el pleno del miércoles ponían 'en riesgo la legalidad del PGOU' e iban 'contra los criterios de ordenación'.

Para curarse en salud, la alcaldesa Ángeles Muñoz y su equipo han renunciado además a otros cambios leves a los que en principio no se había opuesto la Junta, con el fin de que el esperado documento sea aprobado por la Junta en octubre y en esa fecha quede definitivamente restablecida la seguridad jurídica y urbanística en la ciudad.

Uno de los casos más emblemáticos del urbanismo ilegal de la era de Jesús Gil es el de Banana Beach: 300 apartamentos ya habitados que se construyeron en primera línea de playa. Se trata de la primera licencia que fue declarada nula por los tribunales y que se ha salvado de la piqueta hasta ahora gracias a la moratoria concedida por los jueces a petición del Ayuntamiento, a la espera de lo que el futuro PGOU dijera al respecto. Ahora ya se sabe lo que dirá: que Banana Beach no es legalizable.

Sin embargo, la última palabra en cuanto a la ejecución de sentencias con orden de derribos vuelve a quedar en manos de los tribunales, como confirman a Público tanto desde el PSOE como desde la Junta. El concejal socialista Javier de Luis aventura que algunas promociones están 'prácticamente condenadas' si no encuentran acomodo en el PGOU. De momento, sólo se han derribado unas pocas viviendas ilegales no habitadas y en fase de estructura. 'El proceso será complicado, como no ha habido en la historia, y habrá múltiples impugnaciones de afectados', concluye De Luis.