El fiscal Philippe Courroye, un amigo del presidente francés Nicolas Sarkozy, puso la directa ayer y ordenó a la policía la detención e interrogatorio de tres hombres clave del caso Bettencourt. No obstante, en medio de la telaraña en que se ha convertido este affaire de financiación política irregular y de fraude fiscal, numerosas voces de magistrados y políticos se elevaron para señalar que Courroye podría estar creando una cortina de humo para enterrar el escándalo que pone contra las cuerdas a Sarkozy.

A primeras horas de la mañana, los agentes recibieron a los tres individuos que habían sido citados a comparecer. Los colocaron bajo el régimen de garde à vue un arresto preventivo de un máximo de 48 horas y con contactos mínimos con abogados y procedieron a los interrogatorios. Se trata de Patrice de Maistre, director del bufete que administra la fortuna de la heredera de L'Oréal, Liliane Bettencourt. También están detenidos Fabrice Goguel, ex abogado fiscalista de Bettencourt, y el artista gigoló de la tercera edad François-Marie Banier, que se hizo con mil millones de euros de la señora.

Los agentes preguntan sobre las cuentas suizas, según La Croix'

Un cuarto hombre también se hallaba bajo custodia: Carlos Vejarano, gerente de la isla de Arros, un idílico peñasco de las Seychelles presuntamente propiedad de Bettencourt y nunca declarado al fisco.

Según fuentes policiales, los detenidos eran interrogados en el marco del caso Bettencourt. El diario La Croix señaló que los investigadores dirigidos por el fiscal Courroye sólo recibieron mandato para preguntar por dos cosas: sobre la isla de Arros y las dos cuentas suizas de Bettencourt con 78 millones de euros no declarados al fisco francés.

Tras el estallido del capítulo político del escándalo, con la difusión de unas grabaciones que involucran a Sarkozy y al ministro de Trabajo Éric Woerth, el fiscal Courroye se apresuró a abrir tres 'investigaciones preliminares'; es decir, sin juez de instrucción independiente.

Una cuarta persona fue retenida: el gerente de la isla de la multimillonaria

Lo hizo pese a que él mismo aparece citado como uno de los implicados en las grabaciones: Courroye habría intervenido para bloquear la querella en curso de la hija de Be-ttencourt, que reclama la puesta bajo tutela de su madre. Las cintas también acusan al gestor De Maistre de organizar el fraude fiscal de Bettencourt y financiar con dinero negro el partido de Sarkozy, la Unión para un Movimiento Popular.

El miércoles, la hija de la multimillonaria volvió a pedir a la Justicia la puesta bajo tutela de su madre, algo que la heredera de L'Oréal no aceptó y respondió con el anuncio de una auditoría sobre la gestión de su fortuna por De Maistre y sobre su fundación.

Courroye dirige las pesquisas sobre fraude fiscal de Bettencourt y sobre posible ocultación de fraude fiscal, un asunto que podría tocar a Woerth, que fue ministro del Presupuesto entre 2007 y marzo de 2010. Ha dimitido de su cargo de tesorero del partido. Por último, Courroye también investiga la supuesta financiación ilegal de la UMP.

Mientras no formule cargos, no habrá instrucción de sumario. Y las 'investigaciones preliminares' pueden durar años o décadas. Courroye, al hacerse con estas 'investigaciones preliminares', impidió que la jueza Isabelle Prevost-Desprez, que instruye la querella privada de la hija de Bettencourt, pudiera hacerse cargo del conjunto del caso.

Según el diario Le Monde, dos testigos corroboraron las declaraciones efectuadas ante la policía por la ex contable de Bettencourt, Claire Thibout, sobre financiación irregular con sobres de dinero en metálico para los conservadores. Se trata del ex mayordomo Pascal Bonnefoy y de la ex secretaria Chantal Trovel. Ambos vieron en la residencia de Be-ttencourt el desfile de políticos conservadores y dieron detalles sobre los envoltorios con billetes. Hablaron de Woerth como visitante habitual y dijeron haber visto allí a Sarkozy entre 2002 y 2004.

Demasiados indicios racionales como para no formular cargos y permitir la designación de un juez independiente. Por ello, Eva Joly, ex jueza Anticorrupción y eurodiputada verde, afirmó ayer que Courroye actúa 'siguiendo órdenes' y 'podríamos decir que es culpable de destrucción de pruebas'. 'Estamos asistiendo a una operación de lavado de la opinión pública y estas investigaciones no son más que cortafuegos, no conducirán a nada', concluyó.