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La política económica de Irlanda genera desconfianza en los mercados de deuda

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Los mercados de deuda intensifican su presión sobre la deuda de Irlanda por la desconfianza que generan los planes del Gobierno de Dublín para sacar al país de la crisis y hacer frente a unos intereses que aumentan día a día.

Mientras, por ejemplo, Alemania paga apenas un 3% por la deuda que emite, Irlanda tiene que elevar su interés casi hasta el 8% para que los inversores compren sus bonos.

Así quedó reflejado hoy cuando los mercados de deuda fijaron el interés de los bonos irlandeses a 10 años en el 8,90% -el miércoles llegaron a estar en el 8,95%-, lo que elevó su prima de riesgo, es decir, su diferencial con el bono alemán de referencia por encima de los 600 puntos básicos, unas cifras históricas e insostenibles.

El temor a que la situación irlandesa acentúe la devaluación de la prima de riesgo de otros países, sobre todo en España, Grecia y Portugal, ha provocado una cadena de declaraciones encaminadas a calmar a los inversores.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, indicó hoy en Seúl, donde asiste a la Cumbre del G20, que la Unión Europea (UE) ayudará a Irlanda "en caso de que sea necesario", aunque evitó "hacer especulaciones" sobre una cuestión espinosa para el Ejecutivo de Dublín y afirmó que la CE vigila la situación.

Desde el Ministerio irlandés de Finanzas se insistió este jueves en que el Gobierno "está en condiciones de pagar su deuda", como demuestra el hecho de que volverá a emitir deuda del Estado el próximo año para "refinanciar" las arcas públicas.

La desconfianza de los mercados en Irlanda, explicó un portavoz oficial, se debe a la incertidumbre que rodea a "ciertas economías" periféricas europeas sobre su capacidad para pagar los altos intereses que acumulan sus deudas.

A principios de esta semana, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, indicó en Dublín que los recortes presupuestarios previstos por el gobierno irlandés para cumplir con las directrices comunitarias son "correctos", aunque se podrían renegociar dependiendo del crecimiento que experimente su economía en los próximos años.

Rehn dejó entrever esta posibilidad durante los contactos que mantuvo con los líderes de la oposición, con quienes analizó los presupuestos generales del Estado para 2011, considerados como los más duros de la historia y cuyo objetivo es recortar 6.000 millones de euros de déficit público, el doble de lo estimado hace un año.

Esa cifra forma parte de un plan más amplio del ejecutivo, que busca reducir en los próximos cuatro años el déficit público hasta el 3% del PIB desde el 14% actual, el porcentaje más alto de la UE.

Para entonces, en 2014, el gobierno de Dublín espera imponer unos ajustes que le permitirían ahorrar hasta 15.000 millones de euros, casi el doble de lo previsto, situación que preocupa a la oposición por las consecuencias sociales que podría acarrear.

Y ayer mismo, el Ejecutivo recibió un respiro cuando la CE concedió una ampliación a su sistema de garantías a la banca, puesto en marcha a finales de 2009 para proteger a las principales entidades financieras del país de la crisis.

Según el ministro irlandés de Finanzas, Brian Lenihan, la prórroga "avala" la política gubernamental y sus "esfuerzos para restaurar" el sistema financiero nacional, en graves problemas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace dos años.

No obstante, el gobierno ha cifrado la factura final del rescate de los seis grandes bancos en 50.000 millones de euros, lo que elevará el déficit público durante 2010 hasta el 32% del PIB.

La realidad es que el gobierno tiene ante sí un reto descomunal para cumplir con los objetivos fijados en un momento en que su credibilidad tanto en Irlanda como en el exterior decrece alarmantemente.

Con una ajustada mayoría parlamentaria, algunos expertos dudan de que Lenihan sea capaz de sacar adelante el próximo 7 de diciembre los presupuestos para 2011.

De lo que no hay duda, según reflejan las encuestas, es que este Ejecutivo no permanecerá en el poder después de las próximas elecciones generales, previstas para 2012, lo que deja en el aire el citado plan cuatrienal.

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