Publicado: 25.11.2014 00:00 |Actualizado: 25.11.2014 00:00

Las ponentes de la ley piden más recursos, voluntad política y educación en igualdad

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

Más de 700 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas desde 2004. Ese recuento, que se suele desgranar por años y meses después de cada asesinato machista, ya es habitual en los medios de comunicación. Pero hace diez años, los asesinatos machistas ni se contaban ni se contabilizaban. La violencia de género no estaba presente en la prensa ni en los ministerios. Ni en los ayuntamientos ni en las escuelas. La entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género cumple una década, por eso Público echa la vista atrás para analizar cómo ha evolucionado el desarrollo de la norma. Qué ha funcionado y qué no. Qué se ha logrado y qué retos quedan por cumplir. Diez años de ley vistos por sus ponentes, que coinciden en algunas de las asignaturas pendientes de la norma, como la educación, los recursos y la voluntad política.

1. ¿Cree que la ley se quedó corta en algún aspecto cuando entró en vigor en 2004?

María Virtudes Monteserín (PSOE): No se quedó corta. Fue una ley muy innovadora en la que se implicó todo el aparato del Estado, las comunidades autónomas, los ministerios, los ayuntamientos, el tejido asociativo... Tenía en cuenta todos los aspectos de la prevención y supuso la creación de unos juzgados específicos. Fue una ley innovadora de la que han tomado nota muchos países de la UE, Latinoamércia y África. En mi opinión, aún hoy sigue siendo una ley innovadora. 

Susana Camarero (PP), actual secretaria de Estado de Igualdad: La Ley de Medidas de Protección Integral de 2004 supuso un avance importante en la lucha contra la violencia de género, eso hay que reconocerlo y así se puso de manifiesto en la votación de las Cortes Generales por el alto grado de consenso que registró. Es cierto que ya se venían dando pasos en esta concienciación, como el Plan de Acción de 1996 o la Ley reguladora de la Orden de Protección, de 2003. La ley de un año más tarde colocó en primera línea de la sensibilidad ciudadana un fenómeno complejo que, ante todo, requiere que sea público, algo que denunciar, pues la violencia de género es consecuencia de la desigualdad, y si se produce un ataque a la igualdad de hombres y mujeres, se produce un ataque a la sociedad. También la ley generó y consolidó un sistema de recursos, instrumentos, servicios y ayudas de protección, asistencia y recuperación que es referente en el mundo.

Monteserín: "Quitar Educación para la Ciudadanía ha supuesto un zarpazo para la ley" Mercè Pigem (CiU): La ley supuso un punto de inflexión con todo lo anterior. Aunque es justo reconocer que todas las administraciones desde sus respectivas competencias habían adoptado medidas y que se había aprobado ya un instrumento tan importante como la Orden de Protección. El que hubiera una Ley Integral, aprobada por consenso por todos los grupos parlamentarios supuso, entre otras cosas, la consagración de la violencia de género como un problema social, no de la intimidad de la vida privada, en cuya erradicación el Estado se comprometió. Además, contar con una ley, a diferencia de otros instrumentos de actuación, consagra derechos e impone obligaciones. Y muy importante, la integralidad. Muchas veces el foco se centra en la actuación judicial, y hemos de pensar que cuando la justicia actúa, que debe hacerlo, desgraciadamente, el daño ya se ha producido. Es importantísimo abordar la violencia desde la prevención y contar con medios suficientes para la recuperación de las víctimas.Yo en la ley eché de menos desde el principio —y CiU planteó enmiendas al respecto que fueron rechazadas— el que los hijos e hijas menores fueran víctimas directas de la violencia, porque lo son. Comprendo la necesidad de focalizar a las mujeres como víctimas de esta lacra, pero los hijos e hijas son también empleados por el maltratador como instrumentos de violencia contra la madre, incluso hasta la muerte, como desgraciadamente hemos constatado.

Margarita Uría (EAJ-PNV): Cuando se elabora un texto legal y se aprueba por consenso, siempre hay pretensiones que se quedan fuera. En mi opinión, se incidió demasiado en el aspecto penal. Eso era lo más visible y por supuesto que se deben penar las actuaciones machistas, pero debería haberse dedicado más esfuerzo a aspectos de otra índole, como la educación, la sanidad y el papel de los medios de comunicación. La respuesta penal no es la única respuesta porque la violencia de género es más que asesinar. Me queda la duda todavía sobre la posibilidad de contemplar la mediación en algunos supuestos y de si llamándola "ley contra la violencia de género" se nos han quedado algunas conductas fuera. Tengo la duda de si podría aplicarse en el maltrato dentro de parejas homosexuales, en la medida de que una relación afectiva se convierte en una relación hostil y de dominio.

Camarero: "El Gobierno liderará un proceso de revisión de la ley para modificarla si hay consenso" Uxue Barkos (Nafarroa Bai, del Grupo Mixto): Sí, porque no tuvo la ambición de garantizar las herramientas económicas necesarias, algo que se ha notado especialmente con la crisis. Por otra parte, la norma no tiene en cuenta algunas interconexiones con otros ámbitos, como las demencias y las dependencias en edades adultas. Las agresiones entre matrimonios de ancianos que parten de una demencia senil cuestionan los límites difusos entre varias áreas de conflicto.

2. ¿Cómo valora la evolución de la ley en estos diez años? Ha cambiado la percepción social de la violencia de género en este tiempo?

María Virtudes Monteserín (PSOE): La evolución iba bien hasta hace tres años. El primer error ha sido quitar poder al instrumento de prevención más importante con el que contamos: la educación. Eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía es pegarle un zarpazo a la ley porque implica una pérdida de capacidad de implementación. El mayor antídoto contra la violencia es la educación; es imprescindible hablar de igualdad en las aulas porque esa es la mejor prevención. En estos últimos años se ha recortado un 22% el presupuestos para la ley, de modo que hay menos medios y eso hace que las mujeres se sientan menos seguras. Finalmente, la reforma de la Administración Local, que reduce las competencias de los ayuntamientos, también incide negativamente. Es cierto que la ley ha generado una cultura en contra de la violencia de género. Hay más debate, más presencia y una concienciación más alta, pero hace falta un mayor impulso político para desarrollar la ley. Para ello, hay que creérselo y este Gobierno no se lo cree.

Susana Camarero (PP): Cualquier norma, cualquier sistema o modelo, necesita actualizarse y mejorarse, es algo lógico y necesario en la gestión de los responsables públicos. Analizar lo que funciona bien y lo que funciona menos bien, y así, reforzar los aspectos positivos y reparar las hipotéticas deficiencias. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género ha cumplido diez años, y es éste un tiempo tras el que cabe la saludable opción de repasar sus fortalezas y sus posibles deficiencias. La evolución ha resultado satisfactoria, basta con ver que varios países de nuestro entorno europeo se han interesado por la redacción y aplicación de la ley, pero es obligado en la gestión pública comprobar qué se puede mejorar y qué fortalecer, y más en un asunto tan prioritario para este Gobierno como la lucha contra la violencia de género, que es una política de Estado. El Ministerio de Sanidad a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y en colaboración con el CGPJ y las FSE, ha estudiado caso por caso los asesinatos de los últimos meses para precisar qué puede estar fallando. Este trabajo sólo busca perfeccionar el sistema, es el propósito del Gobierno y de los altos cargos del ministerio. Por ello, desde el departamento, hemos propuesto a los grupos parlamentarios que analicen el funcionamiento de la ley en todos sus campos y que planteen posibles cambios. El Gobierno, en consecuencia, liderará un eventual proceso de revisión de la ley, pero con una premisa y un objetivo: si la norma de 2004 salió con alto nivel de consenso, los cambios que en ella se efectúen deben contar con ese mismo nivel de consenso, o mayor si cabe. Sobre si ha cambiado la percepción, más del 90% de la ciudadanía rechaza esta lacra, según un estudio reciente de la delegación del Gobierno.

Pigem: "Hay que contrarrestar los movimientos neomachistas de control emocional de la pareja"  Mercè Pigem (CiU): Creo que uno de los efectos más importantes de la ley ha sido el pedagógico. El rechazo social a la violencia de género y la percepción social de que son claramente conductas a erradicar, porque son inadmisibles, han sido unas de las consecuencias de la ley. Creo que es justo reconocer el importante papel que en ello han tenido y tienen los medios de comunicación.

Margarita Uría (EAJ-PNV): Creo que en aquella época la violencia de género ya era considerada una lacra. Se puso en marcha la respuesta penal, pero la barrera tiene que levantarse antes, la respuesta social tiene que ser anterior. Es evidente que tener a los maltratadores en la cárcel no es la solución, siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas y ex parejas, de modo que hay algo con lo que no hemos dado todavía. No sé qué ha fallado.

Uxue Barkos (Nafarroa Bai, Grupo Mixto): La ley ha tenido dos grandes éxitos. En primer lugar, todos y cada uno de los casos en los que se ha prevenido el ejercicio de la violencia de género. Aun así, eso no es suficiente, hay que seguir batallando y siendo inconformistas. Y en segundo lugar, ha sido un éxito por el bofetón que ha supuesto la ley al letargo social en el que se encontraba la violencia de género. Creo que se ha comprendido a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género.

3. Si tuviera que evaluar el funcionamiento de la ley hoy en día, ¿qué nota le pondría y por qué?

María Virtudes Monteserín (PSOE): En los últimos tres años se ha bajado la guardia, ha disminuido el impulso político y han menguado los recursos, por lo tanto pondría una nota preocupante que no llega al aprobado.

Susana Camarero (PP): Le pondría un 7,5, pues ha propiciado avances destacados en concienciación, sensibilización, protección de los derechos de las mujeres, asistencia y atención. Queda mucho por hacer, no obstante, y por eso vamos a trabajar sin descanso desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se trata de intentar que nuestro modelo contra la violencia de género sea de 10.

Mercè Pigem (CiU): Cuando se cumplieron cinco años de la ley, se hizo una subcomisión en la Comisión de igualdad del Congreso para monitorizar su funcionamiento. Fue un buen trabajo, con conclusiones que deberían implementarse. No alteran sustancialmente la ley pero la podrían mejorar en aquellos aspectos en que la práctica hizo patente que se requería un cambio o una regulación más precisa.

Uría: "La respuesta penal no debe ser la única porque la violencia de género es más que asesinar"  Margarita Uría (EAJ-PNV): En la respuesta penal, al menos en el ámbito vasco, que es el que yo conozco, le pondría un notable alto. Sería osado por mi parte, evaluar la ley en el conjunto del Estado.

Uxue Barkos (Nafarroa Bai, Grupo Mixto): Siguen muriendo mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas, eso es una realidad incontestable, pero se ha avanzado en muchas cosas. En cuanto a la capacidad de prevenir la violencia de género, le pondría un suficiente raspado, aunque se está progresando. En cuanto a la capacidad de la ley para hacer despertar a la sociedad del letargo, le pondría un notable.

4. ¿Qué pasos hay que dar a partir de ahora?

María Virtudes Monteserín (PSOE): A partir de ahora no sólo se debe desplegar la literalidad de la ley, sino que hay que implementarla con impulso político. No basta tener una ley articulada, hay que creérsela y dotarla de medios para desarrollarla.

Susana Camarero (PP): Queda trabajo por hacer en algunos aspectos, pero me detendré en dos: sensibilizar a los adolescentes. Informes de la Delegación del Gobierno nos muestran que cerca de un 30% de los adolescentes de nuestro país reciben alguna manifestación de control abusivo por parte de sus parejas, sea un insulto o diferentes actos de "vigilancia": qué lleva puesto, con quién sale... Son prácticas que las nuevas tecnologías, los nuevos canales de socialización de los jóvenes, han acentuado. Tenemos que poner aquí los focos. Decir a las chicas jóvenes que si su pareja o expareja les controla o les ridiculiza por ir vestida o maquillada de un determinado modo, o por salir con sus amigas, se está produciendo un tipo de conducta que bebe de la desigualdad. Hay que detectar esas señales porque, potencialmente, pueden dar lugar a malos tratos, a violencia de género. Y hay que contar esas prácticas abusivas. Otro aspecto crucial es insistir en el reproche social y penal del maltratador. Tenemos que ser más proactivos: que como ciudadanos, nos impliquemos en la lucha contra una lacra que en España ha costado la vida de más de 750 mujeres desde que hay estadísticas. Denunciar un insulto, intimidación, ridiculización, oprobios, agresiones... Todos, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos que poner nuestro granito de arena. Y también, por supuesto, las instituciones o los medios de comunicación. Es una política de Estado.

Barkos: "La ley fue un bofetón al letargo social"  Mercè Pigem (CiU): ¡Es evidente que la lucha contra la violencia de género no se ha ganado todavía! Tenemos un buen instrumento, pero hay que seguir trabajando. Implicar más a los hombres en esta lucha, incidir muy especialmente en las etapas educativas para contrarrestar los movimientos neomachistas de control emocional de la pareja que vemos que se están produciendo (romper el "te controlo porque te quiero y me importas"), revisar e incorporar a los menores como víctimas y evaluar y dotar materialmente todas las estructuras en las que se construye la ley. Esos serían, en mi opinión, algunos de los retos inmediatos. 

Margarita Uría (EAJ-PNV):  Sería muy prepotente por mí parte responder a eso, pero se debería hacer una evaluación del funcionamiento del trabajo asistencial, educativo y penal. Por otra parte, es preocupante el recorte en ayudas sociales, el tratamiento de la violencia machista que hacen algunos programas de televisión con mucho sesgo y las nuevas formas de violencia entre adolescentes, como el control de la indumentaria.

Uxue Barkos (Nafarroa Bai, Grupo Mixto): Hay que dotar la ley de medios suficientes y de modo garantista. Hay que reforzar las herramientas en materia de educación, a nivel judicial, policial y, sobre todo, en atención social.

* Público no ha podido contactar con las ponentes Rosa Maria Bonàs (ERC) y Carme García (IU-ICV).

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.