Poner a caldo a Esperanza Aguirre no tiene precio. Si acaso, una sanción que puede alcanzar los cuatro años, periodo máximo que podría aplicar el Comité Nacional de Derechos y Garantías al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

Sus declaraciones al diario El País contra el Gobierno autonómico madrileño han caído como una bomba en el Partido Popular.

'Me colocaron una gestapillo para gamonearme', 'Es de vómito lo que están haciendo con Rato', 'No creo que nadie haya puesto tantas gestoras en España', 'Nunca he visto tanta hipocresía'... Hay puyazos verbales para dar y tomar. 'Sacarán la brigada acorazada y buscarán, como se hacía en el fascismo y el comunismo, algo de mí, de Gallardón o de mi familia'.

El número dos de Gallardón, censurado por cargos como De Cospedal, podría recibir cualquier sanción del Comité, presidido por el dirigente castellano-leonés Alberto Fernández Mañueco.

Será, pues, autónomo en la toma de decisiones, sin necesidad de que la medida adoptada sea ratificada o rechazada por cualquier otra instancia superior, sea el Comité Ejecutivo Nacional o la Junta Directiva.

Así consta en los estatutos del partido, concretamente en el artículo 49, cuyo primer punto establece que dicho organismo asume 'competencias genéricas sobre todos los afiliados sin exclusión alguna'. Sin embargo, es el único órgano interno del PP que 'en exclusiva' dirimirá los casos de quienes formen parte de cualquier órgano de la dirección nacional del partido.

Fuentes del PP consultadas por Efe no han podido precisar qué clase de sanción podría aplicar dicho organismo a Cobo, si bien indican que el abanico de posibles castigos transcurre desde 'nada' hasta la expulsión, que podría ser —como máximo— de cuatro años. También podría ser castigado por una falta 'leve', o sea, ser suspendido de militancia unos meses.

Todo ello en función de la categoría de gravedad que el Comité Nacional de Derechos y Garantías dé a las declaraciones que ha efectuado a El País, donde criticó especialmente a Aguirre por la estrategia que lleva a cabo en la designación del nuevo máximo responsable de Caja Madrid.

Las declaraciones del teniente de alcalde de Madrid provocaron que el Comité de Derechos y Garantías del PP en la comunidad se reuniera con carácter de urgencia, aunque al final optó por trasladar el expediente al Comité Nacional, tal y como también recoge el artículo 49 de los estatutos de los populares.

Críticas por la estrategia de Aguirre con Caja Madrid

Existe un precedente de actualidad, el de la expulsión del ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, el artífice de que el caso Gürtel comenzara su procedimiento judicial. El PP expulsó a Peñas en 2005 por haber efectuado unas 'muy graves' declaraciones contra las siglas y dirigentes de la formación.

Por otro lado, las fuentes consultadas tampoco han podido precisar cuándo podría citar a Cobo o cuándo solicitarle la documentación pertinente. El Comité Nacional de Derechos y Garantías es posiblemente el órgano del PP que trabaja con mayor secretismo, de forma que sus investigaciones, salvo contadas excepciones, no son publicitadas por ninguno de los cargos populares.